La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la forma en que el presidente Abelardo de la Espriella presentó los cadáveres obtenidos en la operación Azarías. Según el reporte de Infobae, la funcionaria cuestionó la manera en que se divulgaron esas imágenes y pidió al jefe de Estado revisar su comunicación sobre ese tipo de operativos.
De acuerdo con la misma fuente, Marín también respondió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien había salido en defensa del manejo oficial del caso. La defensora sostuvo que confía en que el Gobierno pueda reflexionar sobre el lenguaje y los recursos visuales empleados para informar a la opinión pública.
La operación Azarías es un operativo de las fuerzas de seguridad en el que murieron varios integrantes de un grupo armado organizado. En el contexto inmediato, la difusión de imágenes de los cuerpos reabrió el debate sobre los protocolos que usan el Gobierno y la fuerza pública para comunicar resultados de operaciones de alto impacto, un tema que en Colombia ha generado controversias recurrentes.
La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de velar por los derechos humanos en el país y de promover que las actuaciones del Estado respeten los estándares internacionales. Por esa razón, sus observaciones sobre el proceder de la fuerza pública y de la Presidencia suelen tener peso institucional, independientemente del Gobierno de turno.
El episodio se suma a la tensión entre el Ejecutivo y algunos organismos de control y veeduría ciudadana. En Colombia, la relación entre la Defensoría y el Gobierno ha tenido episodios de cooperación y otros de distancia crítica, según el periodo y los temas sensibles, sobre todo en materia de seguridad y conflicto armado.
Para la ciudadanía, la discusión no es menor. La forma en que se difunden los resultados de operativos con bajas de grupos armados influye en la percepción de la seguridad, en el tratamiento digno de las víctimas y en el respeto debido a los familiares de los muertos, que pueden ver circular esas imágenes sin su consentimiento.
La petición de la defensora apunta, en concreto, a que la comunicación oficial en operativos de alto impacto siga protocolos que eviten la espectacularización de la violencia. Esa línea de trabajo ha sido reiterada por distintas instancias nacionales e internacionales como una buena práctica en contextos de conflicto.
Queda por ver si el Gobierno nacional adopta ajustes en su estrategia de comunicación tras los señalamientos de Marín. La Defensoría, por su parte, dejó abierta la expectativa de que el Ejecutivo reflexione y respondió al ministro Lara sin cerrar el canal de diálogo institucional.
El caso queda en seguimiento, pues la operación Azarías continúa bajo revisión por parte de las autoridades competentes y cualquier cambio en la comunicación oficial se mediría a partir de los próximos anuncios sobre seguridad.