La Defensoría del Pueblo le dirigió este 6 de septiembre un llamado directo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el que le solicitó no competir con los grupos armados ilegales por demostrar cuál de los bandos alcanza mayor nivel de crueldad, en medio de la escalada de violencia que vive el país.
La solicitud se produce en un contexto de enfrentamientos reiterados entre las Fuerzas Armadas y distintas estructuras ilegales que hacen presencia en el territorio colombiano, una situación que ha encendido las alertas de organismos de derechos humanos y de control institucional.
La Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de promover y defender los derechos humanos en Colombia, tiene entre sus funciones vigilar la actuación de los actores armados, tanto legales como ilegales, y advertir cuando sus acciones puedan poner en riesgo a la población civil.
En las últimas semanas distintas regiones del país han reportado combates, hostigamientos y acciones violentas que afectan a comunidades enteras, lo que refuerza la preocupación de las autoridades civiles frente al deterioro de la situación de orden público.
El llamado al presidente se suma a una serie de pronunciamientos de organismos de control y de la sociedad civil que han pedido priorizar la protección de los civiles y respetar el derecho internacional humanitario en el marco de las operaciones militares.
La Defensoría también ha insistido en que cualquier estrategia de seguridad debe considerar el impacto humanitario de los enfrentamientos, pues en muchas zonas las comunidades quedan atrapadas entre el fuego cruzado y las restricciones de movilidad.
El pronunciamiento no incluye una sanción ni una medida coercitiva, pero sí busca instalar un mensaje público en el que se recuerde que el Estado debe diferenciar su actuación de la de los grupos al margen de la ley, especialmente en lo que respecta al respeto por la vida y la dignidad.
Por ahora, el Gobierno nacional no se ha pronunciado publicly sobre el contenido específico de esta solicitud de la Defensoría, aunque se espera que en los próximos días haya una respuesta oficial desde la Casa de Nariño o desde el Ministerio de Defensa.
El llamado queda inscrito en la agenda de derechos humanos del país, en un año marcado por el debate sobre el rumbo de la política de seguridad y por la presión de distintos sectores para que las operaciones militares respeten los principios del Estado de derecho.