La publicación Revista Semana reportó que Estados Unidos fijó un arancel del 12,5% sobre varios productos colombianos de exportación. El mismo reporte indica que las flores nacionales quedaron en desventaja frente a las ecuatorianas, que acceden a una tarifa menor en el mercado estadounidense.
Según la versión recogida por Semana, el problema no radicó en el contenido del acuerdo, sino en la forma como el Ejecutivo llevó la negociación. La falta de articulación entre las entidades encargadas del comercio exterior habría impedido cerrar condiciones más favorables antes de la entrada en vigencia del gravamen.
El sector floricultor es uno de los más golpeados por esta diferencia arancelaria. Colombia es uno de los principales exportadores de flores frescas a Estados Unidos, y compite de manera directa con Ecuador, país que ya contaba con preferencias arancelarias en ese mercado. Una tarifa adicional encarece el producto colombiano y reduce el margen de los productores.
El episodio revive un debate de fondo sobre la capacidad del Estado para negociar en bloque frente a socios comerciales de gran peso. Cuando varias entidades manejan un mismo frente comercial sin una vocería unificada, las condiciones pueden cambiar de un día a otro, como ocurrió en este caso, de acuerdo con el reporte de Semana.
Para los exportadores, el impacto es inmediato. Los contratos firmados antes del nuevo arancel se mantienen, pero los que se cierren a partir de ahora deben absorber el sobrecosto o trasladarlo al comprador estadounidense. Los pequeños productores, con menos espalda financiera, son los más expuestos a esta presión.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cancillería son las entidades que suelen encabezar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. La descoordinación señalada por Semana sugiere que los mensajes enviados a Washington no coincidieron, lo que permitió que el país quedara con una tarifa superior a la de sus competidores directos.
Las reacciones del sector privado no se hicieron esperar. Los gremios exportadores han pedido explicaciones sobre lo ocurrido y han solicitado mesas técnicas para evaluar el efecto del arancel en cada cadena productiva. También reclamaron un solo canal de comunicación con el Gobierno para evitar que este tipo de diferencias se repita.
En el plano político, el caso abrió cuestionamientos sobre la conducción de la política comercial. Opositores y analistas consultados por Semana coincidieron en que la falta de coordinación golpea la credibilidad del país como socio comercial, justo en un momento en que varias economías de la región buscan asegurar mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.
Por ahora, el Gobierno no ha anunciado si solicitará una renegociación del arancel o si buscará compensaciones para los sectores más afectados. La pelota está en la Cancillería y en el Ministerio de Comercio, que deberán decidir si el costo de esta descoordinación se corrige o si termina asumiéndolo el aparato productivo nacional.