Según el reporte de Cronista.com, el gobierno saliente de Gustavo Petro concluye su período con una tasa de desempleo baja, lo que ubica al mercado laboral entre los puntos favorables del balance. A la par, algunos indicadores sociales muestran reducciones, en línea con las prioridades que ese gobierno trazó durante cuatro años.
El mismo reporte advierte que el crecimiento económico fue moderado, un dato que contrasta con el comportamiento del empleo y que abre preguntas sobre la sostenibilidad de la mejoría laboral. Cuando la actividad productiva crece por debajo de lo esperado, el desempleo bajo suele explicarse por cambios en la informalidad o en la composición de la fuerza de trabajo.
El frente fiscal es el capítulo más sensible del informe. La deuda pública aumentó durante el cuatrienio, en un contexto de menor espacio para conseguir financiamiento externo y de mayor exigencia de los mercados internacionales. Una deuda creciente limita el margen de maniobra del próximo gobierno para inversión social y para responder a choques externos.
El reporte también registra rebajas en la calificación crediticia del país por parte de las agencias de riesgo. Esas decisiones, que se toman en Nueva York y en Europa, encarecen el costo de endeudarse en el exterior y envían una señal a los inversionistas sobre la percepción de riesgo soberano. Para un país emergente, cada escalón perdido en el escalafón crediticio pesa.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato se siente en dos frentes. Primero, en las tasas de interés que pagan las familias y las empresas por créditos de vivienda, consumo y producción, ya que la prima de riesgo soberano se traslada al sistema financiero. Segundo, en la capacidad del Estado para sostener programas sociales sin acudir a más deuda o a nuevos impuestos.
El contraste entre los indicadores laborales y los fiscales es, en sí mismo, una señal mixta. Petro recibió la presidencia con un mercado laboral golpeado por la pandemia y la deja con cifras de empleo mejores. Pero la economía que entrega exige disciplina en el gasto, una reforma tributaria pendiente o una combinación de ambas, según han planteado distintos analistas en los últimos años.
Para Abelardo De la Espriella, que asume la presidencia en este contexto, los retos principales son tres: contener el ritmo de crecimiento de la deuda, recuperar la confianza de las calificadoras y, al mismo tiempo, preservar los avances en empleo y en reducción de pobreza. El margen para combinar esas metas sin sacrificios en algún frente es estrecho.
Quedan varias tareas pendientes que el reporte no resuelve y que quedarán en la mesa de transición. La definición del presupuesto general para el primer año del nuevo gobierno, la estrategia de colocación de deuda interna y externa, y la conversación con las agencias de riesgo sobre un plan fiscal creíble. Cada uno de esos pasos marcará el tono de los primeros meses de la nueva administración.
La fuente consultada, Cronista.com, enmarca este balance como una fotografía de arranque para el gobierno entrante. No es un veredicto, sino un punto de partida: muestra lo que se hereda y, con ello, el tamaño de los desafíos fiscales que enfrenta Abelardo De la Espriella desde el primer día.
