En medio del debate por la puesta en marcha de una sede presidencial alterna en Barranquilla, el presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo que las adecuaciones no representan un gasto para el erario. Según declaró a La Opinión, los recursos para habilitar el espacio salen de su propio bolsillo.
La frase que resume la defensa fue directa: "La estoy poniendo de mi plata". Con esa expresión, el mandatario electo buscó despejar la duda central que ha rodeado la decisión de operar en una sede distinta a la Casa de Nariño mientras se cumplen ciertos tramos del periodo de transición.
La creación de una sede alterna no es una figura habitual en la tradición presidencial colombiana. Por lo general, los presidentes despachan desde Bogotá y realizan viajes oficiales puntuales a otras regiones. Contar con una sede operativa fuera de la capital implica disponer de infraestructura logística, de seguridad y de comunicaciones, rubros que históricamente se costean con presupuesto público.
Por eso la explicación de De la Espriella sobre el origen privado de los fondos para las adecuaciones resulta determinante. Si los recursos salen de su patrimonio y no del Presupuesto General de la Nación, el funcionamiento de esa sede no incrementa el gasto fiscal. Eso es, justamente, lo que el presidente electo quiere dejar claro ante la opinión pública.
La controversia se alimenta por el contexto de la transición. Colombia vive un relevo de gobierno tras las elecciones, un periodo sensible en el que se definen equipos, se entregan informes de gestión y se empiezan a ejecutar los lineamientos del nuevo mandato. Cualquier decisión de infraestructura en esa etapa suele ser observada con lupa por medios, veedurías y oposición.
Además del costo, la sede alterna tiene implicaciones logísticas y políticas. Permite al nuevo gobierno articularse con la región Caribe, donde De la Espriella tiene su base política y empresarial. Pero también abre preguntas sobre cómo se coordinarán los viajes desde Barranquilla hasta Bogotá para los actos oficiales que requieren la presencia del jefe de Estado en la capital.
Otra de las aristas tiene que ver con el esquema de seguridad. La protección del presidente de la República involucra a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, entidades que sí funcionan con recursos del Estado. Mantener una sede operativa alterna exige un dispositivo permanente, lo que podría generar costos públicos en ese frente, independientemente de quién pague el arrendamiento o el acondicionamiento del inmueble.
En el terreno de la transparencia, la palabra del presidente electo es el primer paso, pero no el único. Para cerrar la discusión hacen falta registros públicos: comprobantes de los pagos, contratos y, si los hay, reportes a los organismos de control. La Contraloría y la Procuraduría pueden revisar si la operación se ajusta a la ley, sobre todo cuando se involucra a un servidor público en formación.
Quedan pendientes por resolver al menos tres puntos. El primero, cuánto costará mantener la sede en funcionamiento una vez empiecen a llegar los colaboradores y los equipos de trabajo. El segundo, de dónde saldrá el dinero para sostenerla en el tiempo. Y el tercero, si el esquema se replicará en otras ciudades del país o será una experiencia exclusiva de esta administración.
Por ahora, la postura oficial quedó planteada. La sede existe, funciona con dinero del presidente electo y, según él, no grava al Estado. La discusión pasará ahora del plano político al plano institucional, donde los entes de control y el Congreso tendrán la palabra en las próximas semanas.