La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) divulgó un balance en el que asegura que, en promedio, un periodista colombiano recibió amenazas cada dos días durante los últimos cuatro años. El dato surge de un seguimiento realizado por la organización a las agresiones documentadas contra trabajadores de medios en el país.
Junto con otras organizaciones sociales, la Flip dirigió un pedido formal al Gobierno nacional encabezado por Abelardo de la Espriella para que brinde garantías al ejercicio periodístico. En el comunicado, las agrupaciones sostienen que la autocensura se ha profundizado en las redacciones y que eso limita el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La Flip también señaló que algunas prácticas del Gobierno podrían ser consideradas como censura indirecta. Aunque no las enumeró en el extracto disponible, la advertencia apunta a mecanismos que, sin prohibir expresamente una publicación, desalientan la cobertura de ciertos temas o condicionan el acceso a fuentes oficiales.
La libertad de prensa es un derecho constitucional en Colombia y un indicador reconocido del estado de la democracia. Organizaciones como la Flip monitorean agresiones, restricciones y señalamientos contra periodistas para alertar sobre retrocesos en ese campo, que también es supervisado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
El llamado de las organizaciones ocurre en un contexto global de creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores. Colombia aparece de manera recurrente en los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa y de Reporteros Sin Fronteras entre los países con mayor número de agresiones verificadas contra periodistas en la región.
Para los ciudadanos, las consecuencias de la autocensura son directas: menos información disponible sobre asuntos públicos, menor control social sobre la gestión estatal y un debilitamiento del debate democrático. Por eso, las garantías pedidas no solo incumben a los reporteros, sino al conjunto de la sociedad.
La Flip pidió al Ejecutivo medidas concretas para investigar las amenazas registradas, proteger a los periodistas en riesgo y cesar cualquier práctica oficial que pueda interpretarse como presión sobre los medios. El pronunciamiento deja abiertas varias preguntas sobre la política de comunicación del actual Gobierno.
Queda por verse si el Gobierno responde al llamado y cuáles serían los pasos anunciados. Por ahora, la organización de prensa mantiene su solicitud pública y continuará documentando casos, como lo ha hecho en sus reportes anuales sobre libertad de prensa en Colombia.