La procuradora Magda Liliana fue declarada insubsistente por la entidad competente, según reportó El Tiempo. Su salida se produjo después de que su nombre quedara vinculado a una versión que apunta a un intento de hacer llegar un mensaje del señalado cabecilla ‘Negro Ober’ al presidente Abelardo de La Espriella.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la funcionaria cuya identidad quedó registrada en el expediente había desempeñado funciones en la Procuraduría General de la Nación. El medio reconstruyó la cadena de hechos que rodeó la aparición de su nombre en el caso y las circunstancias que rodearon el proceso administrativo que concluyó con su declaratoria de insubsistencia.
La insubsistencia es una figura del derecho administrativo colombiano que permite a la autoridad nominadora separar del cargo a un servidor público sin necesidad de adelantar un juicio disciplinario. Se aplica en empleos de libre nombramiento y remoción y se diferencia del destitución disciplinaria, que exige un proceso formal con garantías para el implicado. En este caso, la decisión se adoptó en el marco de las facultades discrecionales que la ley reconoce para ese tipo de nombramientos.
El episodio se enmarca en la situación judicial que enfrenta ‘Negro Ober’, considerado uno de los principales cabecillas de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y a la extorsión en el país. Su nombre ha aparecido en distintas investigaciones sobre violencia en regiones afectadas por estas organizaciones, y la sola mención de un intento de comunicación con el primer mandatario encendió las alertas sobre los canales de interlocución entre organizaciones al margen de la ley y el más alto nivel del Estado.
La filtración o el intento de hacer llegar un mensaje a la Casa de Nariño reabre la discusión sobre los protocolos de seguridad y de manejo de información sensible dentro de las entidades públicas. Expertos en transparencia han señalado que cualquier contacto no institucional con actores armados o con sus representantes debe ser reportado de inmediato, y que el silencio o la omisión pueden configurar faltas administrativas e incluso penales.
Para la ciudadanía, el caso plantea preguntas sobre la idoneidad de los filtros aplicados a servidores públicos que, por sus funciones, tienen acceso a información reservada. También reaviva el interés ciudadano por conocer los mecanismos que utilizan las autoridades para descartar la infiltración de organizaciones criminales en dependencias del Estado.
Según El Tiempo, la decisión de declarar insubsistente a la funcionaria se tomó tras verificar los hechos relatados en la versión que circuló. El medio no publicó detalles adicionales sobre la identidad de quien habría trasladado el mensaje ni sobre el contenido del supuesto comunicado, y mantuvo la reserva propia de una investigación en curso.
Queda pendiente conocer si la Procuraduría o la Fiscalía abrirán investigaciones disciplinarias o penales adicionales para establecer si hubo participación de otros servidores públicos en la cadena de hechos. También se espera un pronunciamiento oficial de la Casa de Nariño sobre las medidas de seguridad adoptadas para evitar que este tipo de episodios se repitan en el futuro.