El diario El País publicó un reportaje sobre la irrupción de la inteligencia artificial en los gobiernos de América Latina, con énfasis en cómo la herramienta se adopta de manera distinta según la orientación política de cada país. Según el medio, las administraciones de Colombia, Argentina, Chile y El Salvador promueven el uso de la IA con fines que van desde la reducción del aparato estatal hasta la atracción de inversión extranjera y la modernización de servicios públicos.
En el caso colombiano, la nota señala que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ve en esta tecnología una vía para adelgazar la estructura del Estado y agilizar trámites. El reporte no detalla cifras de ahorro ni cronogramas, pero enmarca la decisión dentro de una corriente regional que comparte esa visión.
Argentina y Chile aparecen en el reportaje con enfoques similares: ambos gobiernos han incorporado herramientas de IA en áreas como la seguridad, la atención ciudadana y el análisis de datos para la toma de decisiones. El Salvador, por su parte, es presentado como un caso donde la tecnología se vincula de manera directa con la estrategia de atracción de inversión y de posicionamiento internacional del Ejecutivo.
En el otro extremo, Brasil y México aparecen como los países que optan por la cautela. De acuerdo con El País, sus gobiernos intentan avanzar en legislaciones que regulen el uso de la inteligencia artificial antes de permitir su despliegue masivo en la administración. La preocupación central, según el reportaje, gira en torno a la protección de datos personales, la transparencia algorítmica y el impacto sobre el empleo público.
La diferencia de enfoques no es solo tecnológica, sino política. Los gobiernos identificados con tendencias ultras tienden a presentar la IA como una herramienta para reducir el gasto público y demostrar eficiencia. Los gobiernos de izquierda, en cambio, la miran con recelo y privilegian el debate legislativo previo.
Para los ciudadanos, el contraste tiene efectos prácticos. En los países que adoptan la IA con menos regulación, los usuarios pueden enfrentar decisiones administrativas tomadas por algoritmos sin posibilidad clara de recurrir. En Brasil y México, la demora legislativa podría traducirse en una adopción más lenta pero con mayores garantías.
El reportaje de El País no resuelve quién tiene la razón. Solo describe dos modelos en tensión: el de la implementación rápida alineada con un proyecto político, y el de la regulación previa como condición para avanzar. La inteligencia artificial, concluye el texto, se ha convertido en un nuevo terreno de disputa ideológica en la región.
Queda por ver si los países que avanzan sin ley terminarán por regular, y si los que regulan lograrán hacerlo antes de que la tecnología se imponga por la vía de los hechos. Por ahora, América Latina observa cómo la IA divide a sus gobiernos entre la urgencia de aplicarla y la necesidad de encuadrarla.