Una iniciativa que cursa en el Congreso de la República propone reasignar $100.000 millones que hoy ejecuta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para destinarlos a la Rama Judicial durante la vigencia presupuestal de 2027, según informó el senador Enrique Gómez, promotor del proyecto. La reorientación de esos recursos, explicó el congresista, permitiría abrir nuevos despachos judiciales y formalizar cargos que hoy se encuentran en provisionalidad dentro de la planta de servidores de la justicia ordinaria.
El senador Gómez argumentó que la Rama Judicial enfrenta un déficit estructural de personal y de infraestructura que se traduce en represamiento de procesos en todo el país. A su juicio, los dineros que la JEP deje de ejecutar en el marco de la transición que vive esa jurisdicción podrían cubrir esas necesidades sin afectar la financiación de los compromisos ya adquiridos con comparecientes, víctimas y operadores del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, expresó su respaldo a la propuesta según reportó El País de Cali. Con ese aval presidencial, la iniciativa queda en mejor posición para avanzar en el trámite legislativo, donde aún debe sortear al menos dos debates en la cámara donde curse y la conciliación correspondiente si el texto sufre modificaciones.
La JEP, creada por el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, es la encargada de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado por excombatientes, comparecientes y agentes del Estado. Su financiación ha sido motivo de debate en varias legislaturas, tanto por el volumen de recursos que maneja como por los ritmos de implementación de sus Macrocasos y estrategias de priorización.
Para los despachos judiciales ordinarios, un traslado de esa magnitud significaría, según la lectura del senador Gómez, la posibilidad de descongestionar juzgados que vienen acumulando expedientes durante años. Las zonas más apartadas del país, donde la presencia del Estado es más débil y la justicia se administra con plantillas incompletas, suelen ser las señaladas como principales beneficiarias de cualquier inyección de recursos a la Rama.
La propuesta también reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema transicional. Hasta ahora, la Corte Constitucional y la propia JEP han subrayado que los recursos asignados son necesarios para cumplir los compromisos con más de 12.000 comparecientes acreditados y cerca de 200.000 víctimas acreditadas en los distintos macrocasos, en un proceso que el propio alto tribunal calificó de insustituible para la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Críticos del traslado han advertido en debates previos que debilitar presupuestalmente a la JEP pondría en riesgo la culminación de los macrocasos abiertos, entre ellos los relacionados con secuestro, reclutamiento de menores y violencia sexual. Los defensores de la iniciativa, en cambio, sostienen que la Rama Judicial ordinaria ha esperado durante años por un fortalecimiento que nunca llega y que los $100.000 millones representan apenas una fracción del total del presupuesto asignado al sector justicia.
En lo que resta del trámite, el proyecto deberá ser debatido en las comisiones económicas y luego en las plenarias, donde el gobierno nacional radicará las ponencias. De avanzar sin contratiempos, los recursos quedarían incorporados al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, una vez se surta el proceso de conciliación entre cámaras y la posterior sanción presidencial.
Mientras tanto, organizaciones de víctimas y de derechos humanos pidieron que cualquier modificación presupuestal preserve las garantías procesales y los tiempos que la JEP requiere para avanzar en sus casos. El pulso entre estas dos necesidades, fortalecer la justicia ordinaria y culminar la transición, será el eje del debate en las próximas semanas en el Legislativo.