Un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz declaró este martes en Barranquilla que la entidad ha promovido de manera consistente la colaboración armónica entre los poderes del Estado. La frase fue pronunciada en un escenario público y recoge la voluntad del tribunal de mantener canales abiertos con el Gobierno que preside Abelardo de La Espriella.
La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su función central es investigar, juzgar y sancionar los graves delitos cometidos en el marco del conflicto armado, con beneficios para quienes colaboren con la verdad y sanciones alternativas para quienes reconozcan responsabilidad.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de tensiones recurrentes entre la JEP y distintos gobiernos por el alcance de sus decisiones, la protección de excombatientes y la relación con la fuerza pública. Magistrados y presidentes de la JEP han reclamado en el pasado garantías de seguridad para comparecientes y han pedido respaldo institucional para el cumplimiento de sus fallos.
Al hablar de colaboración armónica, la JEP se refiere al principio constitucional que ordena a las ramas del poder público actuar de manera conjunta para el cumplimiento de los fines del Estado. Ese principio ha sido invocado tanto para respaldar decisiones del tribunal como para reclamar coordinación en temas sensibles como la seguridad de exintegrantes de las FARC, la entrega de informes y la articulación con la Comisión de la Verdad.
Para la ciudadanía, la declaración tiene implicaciones prácticas. De la calidad del diálogo entre la JEP y el Gobierno dependen decisiones que afectan a millones de víctimas del conflicto, a los excombatientes en proceso de reincorporación y a los uniformados investigados por falsos positivos y otras conductas. Una relación fluida puede traducirse en avances en la investigación y en la satisfacción de derechos de las víctimas.
El mensaje también llega cuando la JEP enfrenta retos pendientes. Entre ellos figuran la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la ejecución de sanciones propias y la consolidación de los casos abiertos contra distintos responsables. El tribunal ha señalado en distintas ocasiones que la cooperación de las entidades del Estado es indispensable para avanzar en esos frentes.
Desde el sector político, las reacciones al inicio del nuevo Gobierno han sido diversas. Algunos sectores han pedido mayor contundencia en las sanciones a los excombatientes, mientras otros han subrayado la necesidad de proteger el Acuerdo de Paz como un compromiso de Estado. La postura de la JEP, al ofrecer respeto y colaboración, busca ubicarse como un actor institucional disponible para el diálogo sin renunciar a su autonomía.
Por ahora, la declaración del magistrado es un primer gesto público. Queda por verse si la nueva administración responde con hechos concretos, como la asignación de recursos, el cumplimiento de las órdenes del tribunal o la protección efectiva de los comparecientes. El observatorio seguirá de cerca los próximos pasos de ambas partes.