La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó un pedido formal al Gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuercen la seguridad de sus funcionarios que se desplazan por regiones con presencia de actores armados. La solicitud se produjo después de un incidente registrado en el departamento del Cauca, según informó Infobae.
El episodio que originó la solicitud involucró a la abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria y a dos escoltas, quienes fueron retenidos en una vía rural del municipio de Páez. De acuerdo con la fuente, los tres se movilizaban en una camioneta blindada al momento de la retención, un indicio del nivel de riesgo que ya se había identificado para ese desplazamiento.
La JEP es el componente de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Su misión es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado. Por esa razón, sus funcionarios deben desplazarse a zonas donde todavía operan grupos armados ilegales, lo que los expone a situaciones de riesgo.
La UNP es la entidad del Estado colombiano encargada de evaluar los riesgos y asignar esquemas de protección a personas y comunidades vulnerables, incluidos líderes sociales, excombatientes, defensores de derechos humanos y servidores públicos amenazados. El pedido de la JEP pone el foco sobre si los esquemas asignados resultan suficientes para garantizar la integridad de quienes cumplen funciones en zonas rurales con presencia de grupos armados.
La retención de un equipo de la JEP en el Cauca ocurre en un departamento donde convergen disidencias de las FARC, el ELN y otras organizaciones criminales que disputan el control territorial. Esa combinación de factores convierte a la región en una de las zonas más complejas del país para el trabajo de servidores públicos, periodistas y líderes comunitarios.
El incidente reaviva el debate sobre las condiciones en que la justicia transicional opera fuera de las principales ciudades. Investigar los hechos del conflicto implica llegar a las zonas donde ocurrieron, pero también requiere garantías mínimas de seguridad para los investigadores, los comparecientes y los testigos que colaboran con los procesos.
Desde la JEP no se detallaron, en la información publicada por Infobae, los autores de la retención ni la duración exacta del episodio. Tampoco se informó sobre el estado de salud de Herrera Gaviria y los escoltas al momento de su liberación. La Jurisdicción pidió a las autoridades competentes esclarecer lo sucedido y evitar que hechos similares se repitan.
El llamado al Gobierno nacional incluye la necesidad de mantener canales de comunicación permanentes entre la JEP y la fuerza pública para reaccionar de forma rápida ante situaciones de riesgo. En la práctica, esa coordinación resulta clave para que los desplazamientos a zonas rurales no queden expuestos a hechos que comprometan la independencia judicial.
Queda pendiente conocer la respuesta concreta del Gobierno y de la UNP frente al pedido, así como las medidas específicas que se adopten para los equipos de la JEP que siguen operando en regiones afectadas por el conflicto. La forma en que el Estado atienda esta solicitud será observada por organizaciones de derechos humanos y por los propios comparecientes del sistema transicional.