La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó al Gobierno nacional, por medio de una carta dirigida al Ministerio de Justicia, la convocatoria de una mesa de trabajo para avanzar en la ejecución de las sanciones proferidas por los macrocasos de secuestro y falsos positivos. El pedido busca abrir un canal directo entre la jurisdicción transicional y el Ejecutivo, según informó Infobae.
La comunicación lleva la firma del magistrado Alejandro Ramelli, uno de los integrantes de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad. En su carta, Ramelli plantea que la implementación efectiva de las sanciones propias y alternativas depende de proyectos que sean viables y cuenten con financiamiento, una condición que atribuye de forma exclusiva al Gobierno nacional.
El cruce de comunicaciones ocurre en un momento en el que la JEP atraviesa la fase de ejecución de sus primeros fallos. Tras las audiencias de reconocimiento y la imposición de sanciones a comparecientes que aceptaron su responsabilidad, el desafío se ha desplazado hacia la materialización de las llamadas sanciones restaurativas, que incluyen trabajos, obras y actividades con contenido reparador.
El diseño original del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contempla que las sanciones tengan un componente restaurativo orientado a las víctimas y a las comunidades afectadas. En los macrocasos de secuestro y falsos positivos, esos proyectos suelen estar ligados a zonas donde ocurrieron los hechos, lo que los convierte en tareas de largo aliento y alta complejidad logística.
El énfasis de Ramelli en que la responsabilidad de financiar los proyectos recae exclusivamente en el Ejecutivo reitera un debate conocido: la frontera entre las competencias de la justicia transicional y las del Gobierno central. La JEP dicta las sanciones, pero su ejecución material depende de partidas presupuestales, convenios con entidades territoriales y voluntad política para sostenerlos en el tiempo.
Sectores de víctimas y organizaciones de derechos humanos han señalado en distintos escenarios que la falta de recursos pone en riesgo la credibilidad del proceso de paz. Si los comparecientes cumplen las condiciones fijadas por la JEP pero los proyectos no se financian, la sanción queda incompleta y se diluye el efecto restaurador previsto en el Acuerdo de Paz de 2016.
La reunión solicitada todavía no tiene fecha. Quedará en manos del Ministerio de Justicia y de las demás entidades del Gobierno definir si aceptan la convocatoria, en qué plazo y con qué agenda. Por ahora, la carta deja planteada la urgencia de una conversación que la JEP considera indispensable para que las sanciones no queden en el papel.
Más allá del encuentro puntual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo se asegura la sostenibilidad financiera de la justicia transicional en Colombia. Sin recursos asignados con claridad, ni la JEP ni las víctimas disponen de herramientas concretas para que los fallos pasen de las sentencias a las obras.