La posibilidad de una nueva ley fiscal vuelve a abrir el debate sobre los impuestos en Colombia. Según reporta Revista Semana, cuatro expertos consultados por ese medio coinciden en que cualquier iniciativa de ese tipo terminaría afectando tributos vigentes o creando nuevos. La tensión surge porque el nuevo Gobierno ha reiterado su compromiso de no elevar la carga tributaria que pagan los ciudadanos y las empresas.
El concepto de ley fiscal, aunque evoca de inmediato una reforma tributaria, no es necesariamente sinónimo de ella. Una norma de ese tipo puede incluir ajustes en gasto público, reglas presupuestales o modificaciones en la administración tributaria. Los especialistas citados por Semana señalan que, en la práctica, cualquier reordenamiento serio de las cuentas nacionales suele requerir movimientos en el lado de los ingresos, es decir, en impuestos.
Colombia ha vivido varias reformas tributarias en la última década. La más reciente, aprobada en 2022 bajo el gobierno de Gustavo Petro, buscó recaudar cerca de 20 billones de pesos anuales mediante gravámenes a personas de mayores ingresos, ajustes en impuestos saludables y cambios en sociedades. Antes de esa, las reformas de 2018 y 2019 también modificaron la estructura del IVA, el impuesto de renta y beneficios a sectores específicos.
El debate sobre una nueva ley fiscal se da en un contexto fiscal apretado. El déficit del Gobierno nacional, la deuda pública y el costo del funcionamiento del Estado han sido temas recurrentes en los análisis económicos. Para los expertos consultados por Semana, el margen para recortar gasto sin tocar ingresos es limitado, lo que reabre la discusión sobre cuál sería el punto de equilibrio entre ajuste y crecimiento.
La promesa de no subir impuestos suele escucharse en campañas y al inicio de mandatos. Sin embargo, distintos gobiernos terminan proponiendo ajustes bajo denominaciones distintas, como leyes de financiamiento o leyes de sostenibilidad fiscal. Los analistas recuerdan que esos mecanismos han sido usados en el pasado para modificar tarifas, eliminar exenciones o ampliar bases de contribuyentes.
Para los ciudadanos, el impacto de una decisión fiscal se traduce en dos frentes: lo que pagan al Estado y lo que reciben en servicios públicos. Un aumento de impuestos puede encarecer bienes y servicios, afectar la contratación o reducir la rentabilidad de empresas. Una baja en el recaudo, en cambio, puede traducirse en menor inversión en salud, educación o infraestructura, según el uso que se le dé a esos recursos.
El sector empresarial también sigue de cerca la discusión. Cambios en el impuesto de renta, en el IVA o en contribuciones especiales influyen en decisiones de inversión, generación de empleo y planeación financiera. Los gremios suelen pedir estabilidad tributaria y reglas claras a largo plazo, un reclamo que ha aparecido en momentos previos a reformas estructurales.
La Corte Constitucional y el Congreso de la República han tenido un papel central en la historia tributaria reciente. Varias normas han sido objeto de demandas, revisiones o ajustes durante su trámite, lo que añade un componente de incertidumbre. Cualquier proyecto que se radique en el Legislativo deberá sortear ese escenario institucional.
Por ahora, la discusión planteada por Semana deja abierta una pregunta central: cómo lograr los objetivos fiscales sin incumplir la promesa de no subir impuestos. Los expertos consultados coinciden en que la respuesta exigirá definiciones políticas y técnicas que aún no se han hecho públicas. El desenlace de ese debate dependerá del rumbo que imprima el nuevo Gobierno en los próximos meses.