Según publicó AS Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella promueve una estrategia anticorrupción que gira en torno a una figura legal poco usada en Colombia. El plan contempla la activación de ese instrumento normativo como herramienta central para perseguir y sancionar hechos de corrupción en distintas entidades del Estado.
La Ley 600 de 2000 es la norma que regula el antiguo sistema procesal penal colombiano, anterior al modelo acusatorio introducido por la Ley 906 de 2004. Su artículo 75, en particular, permite que la Corte Suprema de Justicia investigue y juzgue a congresistas y otras altas dignidades del Estado cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no ha avanzado en el proceso. Esa figura, pensada como un mecanismo de desbloqueo, prácticamente no se ha aplicado desde su expedición.
Para sus defensores, esa inactividad representa una deuda con el país. La Comisión de Acusación de la Cámara suele ser cuestionada por la lentitud de sus investigaciones, y varias denuncias contra aforados terminan en archivo o en largos procesos sin decisión. El artículo 75 fue diseñado justamente como una válvula para evitar la impunidad cuando esa instancia no actúa en los plazos que establece la propia Constitución.
El Gobierno sostiene que aplicar esa norma permitiría avanzar en decenas de expedientes estancados, incluidos los relacionados con congresistas y excongresistas. La estrategia también contempla reforzar la articulación entre la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría en los casos de menor fuero, con el objetivo de reducir la sensación de impunidad que amplios sectores de la ciudadanía reportan en las encuestas.
Sectores políticos y jurídicos han expresado su preocupación. El senador y exfiscal Guillermo Andrés Reyes, citado en el reportaje de AS Colombia, ha advertido que reactivar el artículo 75 podría usarse como una herramienta de presión sobre el Congreso y sobre el sistema de frenos y contrapesos. Temen que las investigaciones se politicen y que termine afectando la independencia del poder legislativo frente al Ejecutivo.
Organizaciones de la sociedad civil y voces académicas recuerdan que la lucha contra la corrupción no se agota en los mecanismos punitivos. Señalan la importancia de fortalecer el acceso a la información pública, los sistemas de declaración de conflictos de interés y los canales de denuncia ciudadana, para que la ciudadanía cuente con herramientas reales frente a hechos de soborno o peculado.
Para la ciudadanía, el impacto de esta estrategia depende de su implementación concreta. Si se traduce en investigaciones ágiles y con debido proceso, podría reducir la percepción de que los altos funcionarios gozan de fuero efectivo. Si, por el contrario, se percibe como una herramienta discrecional del Ejecutivo, podría generar nuevas tensiones entre las ramas del poder, justo en un momento de fragilidad institucional.
El siguiente paso será conocer el texto detallado del plan y los indicadores que el Gobierno defina para medir su avance. La Corte Suprema y la Comisión de Acusación serán protagonistas obligadas de cualquier activación del artículo 75, y su respuesta institucional será determinante para el éxito, o el fracaso, de la estrategia propuesta por De la Espriella.