El presidente Abelardo De la Espriella informó sobre una operación militar que permitió la ubicación e incautación de dos excavadoras en la vereda Boraudó, municipio de Lloró, en el departamento del Chocó. De acuerdo con el reporte presidencial, la maquinaria pertenecería al ELN y habría sido usada para actividades de minería ilegal en la región.
La acción fue ejecutada por el Ejército Nacional con el apoyo coordinado de la Armada de Colombia y la Policía Nacional, según indicó el propio mandatario. El despliegue conjunto responde a la estrategia de intervención en una zona que en las últimas semanas ha sido escenario de emergencias derivadas del movimiento sísmico que sacudió el occidente colombiano.
Lloró es uno de los municipios cercanos al epicentro del terremoto reciente que afectó a varias localidades del Chocó. La región, con alta presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas, enfrenta retos logísticos por la fragilidad de sus vías y el difícil acceso terrestre, lo que ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria y maquinaria para remover deslizamientos.
Durante el mismo pronunciamiento, el presidente señaló que la maquinaria pesada decomisada será puesta al servicio del Estado para trabajos de reconstrucción y remediación en la zona del desastre. La afirmación presidencial busca enviar un mensaje sobre el uso del equipamiento recuperado en favor de las comunidades damnificadas.
La minería ilegal ha sido históricamente una de las principales fuentes de financiamiento de estructuras armadas ilegales en el Chocó, entre ellas el ELN. Las excavadoras pesadas usadas en esa actividad suelen operar en zonas ribereñas de los ríos Atrato y sus afluentes, con graves afectaciones a los ecosistemas y a las comunidades que dependen de la pesca artesanal.
El anuncio se suma a una serie de operativos que las Fuerzas Militares vienen adelantando en el departamento como parte de la ofensiva contra los grupos armados y las economías ilícitas. La región del San Juan, Alto y Medio Atrato ha sido priorizada en los planes de seguridad, dada la complejidad geográfica y la disputa entre organizaciones ilegales por el control territorial.
En materia de impacto, la recuperación de la maquinaria representa un golpe a la cadena logística del ELN en la zona, al tiempo que abre la posibilidad de acelerar la remoción de escombros y la apertura de vías bloqueadas tras el sismo. Las comunidades locales esperan que el anuncio presidencial se traduzca en presencia efectiva de la maquinaria en los puntos críticos.
Organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas han pedido en otras ocasiones que las operaciones contra la minería ilegal vengan acompañadas de alternativas económicas para los habitantes que dependen de esa actividad. La región del Chocó registra índices altos de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, factores que alimentan la economía extractiva ilegal.
El pronunciamiento también dejó abierta la expectativa sobre si la maquinaria será destinada directamente a las obras de reconstrucción o si pasará por un proceso formal de extinción de dominio antes de su asignación. Mientras tanto, las autoridades locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo continúan evaluando los daños estructurales y las necesidades más urgentes en los municipios afectados por el terremoto.