El presidente electo Abelardo De La Espriella entregó declaraciones a la Revista Semana sobre el avance del empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En esa conversación aseguró que el equipo de transición ha detectado tres alertas que, según sus palabras, requieren atención inmediata. La más visible hasta ahora tiene que ver con la política de paz total.
“La paz total fue impunidad total, el país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos”, dijo De La Espriella a la Revista Semana. Con esa frase sintetizó una de sus principales críticas a la estrategia de seguridad y negociación que ha marcado al Gobierno saliente. La afirmación pone en cuestión los acuerdos y compromisos firmados con grupos armados y estructuras criminales en los últimos años.
La política de paz total fue la bandera de seguridad del Gobierno de Petro desde 2022. A través del Ministerio de Defensa y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ejecutivo buscó abrir diálogos con distintos grupos armados, incluidas disidencias de las Farc, el ELN y organizaciones narcotraficantes como el Clan del Golfo. El modelo generó debates sobre los límites entre la negociación y la rendición de cuentas penal.
El empalme entre gobiernos es el periodo de transición formal en el que el equipo entrante recibe información de ministerios, entidades y oficinas del Estado. Se revisan contratos, proyectos en ejecución, presupuesto, cifras de seguridad y políticas en curso. Esa etapa suele ser clave para definir qué decisiones mantiene o ajusta el nuevo Gobierno en sus primeros días.
Las otras dos alertas mencionadas por el presidente electo no fueron detalladas en el extracto de la entrevista. Sin embargo, el hecho de que la paz total figure entre las prioridades de revisión sugiere que la revisión de los compromisos con grupos armados será uno de los primeros temas en la mesa de transición. Sectores políticos, organizaciones de víctimas y la comunidad internacional suelen seguir de cerca ese tipo de anuncios.
Para los ciudadanos, el anuncio abre un interrogante concreto: qué pasará con los diálogos y acuerdos firmados durante el Gobierno de Petro. Cualquier decisión sobre continuarlos, suspenderlos o renegociarlos tendrá efectos en regiones con presencia de grupos armados, en la vida de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y en la situación de defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
La declaración también se conoce en un contexto de polarización sobre los resultados de la política de paz total. Sectores que la apoyaron defienden que abrió canales de diálogo inéditos. Sus críticos sostienen que debilitó la fuerza pública y envió señales ambiguas a organizaciones criminales. El presidente electo se sumó a este segundo bloque al hablar de “impunidad total”, una expresión que seguramente marcará el tono del debate en los próximos meses.
Queda pendiente que el equipo de transición detalle las otras dos alertas y explique qué información específica encontró sobre la paz total. También falta conocer la posición del Gobierno saliente frente a las críticas y la respuesta de los grupos con los que se adelantaron acercamientos. El empalme, que suele extenderse varias semanas, será el primer escenario donde se mida el alcance de esas alertas.