La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) planteó que la estrategia antinarcóticos de Colombia debe pasar por recuperar la soberanía del Estado en los territorios donde confluyen economías criminales. El organismo acompañó esa lectura con un dato contundente: los cultivos de coca en el país están en su máximo histórico.
Según la UNODC, allí donde convergen economías criminales la respuesta no puede limitarse a la erradicación de los cultivos. El organismo considera indispensable restablecer el control institucional, entendido como la presencia efectiva del Estado en zonas donde hoy mandan grupos armados y redes dedicadas al narcotráfico.
Colombia es uno de los principales productores de hoja de coca del mundo, materia prima de la cocaína. En esa cadena participan desde cultivadores en regiones apartadas hasta estructuras criminales que procesan, transportan y exportan la droga. La lucha contra ese fenómeno es un eje de la política de seguridad del Estado colombiano y motivo de cooperación con la comunidad internacional desde hace décadas.
La frase que resume la posición de la ONU es directa: donde convergen economías criminales, hay que recuperar el control territorial. Esa mirada va más allá de las fumigaciones o la erradicación manual, porque apunta a la ausencia estatal como causa de fondo de la persistencia de los cultivos ilícitos y de las organizaciones que los explotan.
Recuperar el control territorial implica desplegar instituciones civiles y de fuerza pública en zonas con débil presencia estatal. También exige garantizar derechos sociales en regiones afectadas por décadas de conflicto y por la economía de las drogas, aspectos que el organismo de Naciones Unidas suele vincular a su análisis.
El llamado coincide con el diseño de una nueva fase de la política antinarcóticos del Gobierno. Las autoridades nacionales han discutido en los últimos meses ajustes al enfoque, en parte por los resultados limitados que reflejan las cifras de cultivos y producción. La posición de la UNODC llega en ese momento de rediseño.
Para los ciudadanos, el impacto es doble. Por un lado, las regiones productoras viven los efectos de la violencia ligada al narcotráfico y de la fumigación. Por otro, el resto del país recibe los coletazos del negocio ilícito, desde el consumo interno hasta los flujos de dinero criminal que terminan asociados a otras formas de delito.
Ahora, el reto que plantea la ONU es de largo aliento. Recuperar soberanía en zonas donde hoy mandan estructuras criminales exige continuidad en la inversión pública, presencia de justicia y, sobre todo, un mensaje claro de que el Estado puede quedarse allí y no solo hacer operativos esporádicos.
La pregunta que queda abierta es si la nueva estrategia antinarcóticos que el Gobierno adelante incorporará este llamado como eje central. También está por verse cómo se medirá el progreso, dado que tanto los cultivos como la capacidad de control territorial son fenómenos que cambian con lentitud y suelen resistir los cambios de gobierno.