La Red de Veedurías de Colombia elevó una solicitud formal al Gobierno de Abelardo de la Espriella para que conforme un equipo independiente que examine la legalidad y transparencia de acuerdos recientes dentro de Ecopetrol. El pedido lo hizo público su director, Pablo Bustos, según reportó Infobae.
Bustos expresó que esos compromisos, cuya naturaleza detallada no se precisa en el extracto disponible, pondrían en riesgo el futuro financiero de la empresa estatal. La preocupación central gira en torno a los presuntos vínculos entre un grupo al que la veeduría denomina 'los catalanes' y miembros de la junta directiva de Ecopetrol.
Ecopetrol es la petrolera más grande de Colombia y una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país. Cualquier decisión sobre su manejo tiene impacto directo en las finanzas públicas, en la inversión social y en la percepción de riesgo entre inversionistas nacionales y extranjeros.
Las veedurías ciudadanas son organizaciones de la sociedad civil con facultad legal para vigilar la gestión pública y privada que afecte bienes y recursos del Estado. Su función es alertar sobre posibles irregularidades y exigir a las autoridades competentes las investigaciones correspondientes.
La solicitud se dirige al nuevo Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, lo que implica un llamado directo a revisar políticas o decisiones tomadas en la administración anterior, en este caso durante el Gobierno de Gustavo Petro, según se señala en el titular de la fuente.
La conformación de un equipo independiente, como pide Bustos, es un mecanismo habitual cuando existen dudas sobre conflictos de interés o procesos de contratación en entidades estatales. Ese tipo de revisiones suelen quedar a cargo de órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, según la naturaleza de las presuntas irregularidades.
Por ahora, la fuente no precisa qué acuerdos específicos serían objeto de revisión ni quiénes integran el grupo denominado 'los catalanes'. Tampoco detalla si la solicitud ya fue recibida formalmente por el nuevo Gobierno o si se trata de un pronunciamiento público previo a una radicación oficial.
El siguiente paso dependerá de la respuesta del Gobierno de De la Espriella y de los organismos de control. Si la petición prospera, se abriría una instancia de revisión sobre la gestión reciente de Ecopetrol con consecuencias potenciales para su gobernanza corporativa y para los compromisos financieros ya asumidos.