La reforma pensional aprobada en Colombia abrió un capítulo nuevo para las mujeres con hijos, al permitirles pensionarse con menos semanas cotizadas. Pero ese beneficio, pensado como un reconocimiento al trabajo de cuidado, quedó enredado en el texto de la ley, según expertos consultados por Infobae.
El problema central, de acuerdo con esas voces, es el régimen de transición. La norma establece reglas distintas para quienes están cerca de pensionarse bajo el sistema anterior y para quienes se moverán por completo al nuevo modelo. Esa línea divisoria dejó a miles de personas en un limbo, porque sus casos no encajan del todo en ninguno de los dos esquemas.
Para las mujeres con hijos, el beneficio especial reduce las semanas mínimas exigidas. La idea original era compensar las interrupciones laborales que suelen asumir las madres por razones de cuidado. Pero los expertos señalan que la redacción actual no garantiza que quienes están en transición puedan acceder a esa reducción.
Infobae recoge el reclamo central de los analistas: ninguna persona que esté en transición tiene beneficios. La frase resume la preocupación de que el articulado no contempló con claridad cómo se aplicarían las nuevas reglas a quienes ya venían cotizando bajo las normas previas.
A esa dificultad técnica se suma otra de fondo: la financiación. Los expertos consultados cuestionan de dónde saldrán los recursos para sostener los beneficios especiales, sobre todo en un sistema que ya enfrenta presiones por el envejecimiento de la población y el aumento de las pensiones de salario mínimo.
El impacto para las ciudadanas es directo. Muchas mujeres que esperaban pensionarse en los próximos años bajo condiciones más flexibles ahora enfrentan incertidumbre sobre las semanas que deberán acreditar y sobre el momento en que podrán reclamar su mesada. La falta de claridad también complica los cálculos financieros de los hogares.
Para los pensionados y futuros pensionados en general, el debate importa porque pone sobre la mesa la necesidad de reglas de transición claras. Cada reforma pensional en Colombia ha tenido que enfrentar el reto de no romper las expectativas de quienes ya cumplieron requisitos o están cerca de hacerlo.
La reforma pensional es una de las decisiones estructurales del gobierno nacional en materia económica y social. Su correcta implementación depende de que la transición entre el sistema anterior y el nuevo sea comprensible para los ciudadanos y financieramente sostenible para el Estado.
Queda pendiente que el Gobierno, la Superintendencia Financiera y las administradoras de pensiones aclaren cómo se aplicará el beneficio a las mujeres con hijos que ya estaban en transición. Mientras esa respuesta no llegue, las afectadas deberán tomar decisiones de planeación con información incompleta.
Infobae publicó las voces expertas que alertan sobre el riesgo fiscal y la complejidad del proceso. La discusión apenas empieza y promete nuevos capítulos en el Congreso y en los tribunales administrativos, donde suelen caer las demandas por derechos pensionales.
