En su columna del 9 de julio de 2026, el abogado y oficial retirado del Ejército Nacional Silverio J. Herrera C. sostuvo que la seguridad rural se convirtió en una de las principales exigencias del gremio ganadero al nuevo gobierno. El texto fue publicado por CONtexto Ganadero, medio especializado en el sector pecuario colombiano.
La columna sitúa el debate en un momento sensible para el campo colombiano. La ganadería es una de las actividades económicas más extendidas en el país y se desarrolla en buena parte en zonas donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada. Esa combinación ha hecho de la seguridad rural un tema recurrente en la agenda gremial.
Herrera C. es abogado y oficial retirado del Ejército, una formación que él mismo pone al servicio del análisis. Desde esa perspectiva, el columnista revisa los riesgos que enfrentan los productores en regiones afectadas por distintas formas de violencia y por la debilidad institucional en áreas apartadas.
El sector ganadero ha sido durante décadas una de las locomotoras de la economía rural y un empleador clave en municipios de difícil acceso. A esa importancia económica se suma un papel social, porque la actividad sostiene familias, comerciantes y proveedores locales en zonas donde pocas industrias formales hacen presencia.
En la práctica, los productores del campo han denunciado de forma constante robos de ganado, extorsiones, secuestro de trabajadores y amenazas a propietarios. Estos hechos afectan la inversión, encarecen los créditos y obligan a muchos ganaderos a asumir costos privados de seguridad que el Estado debería garantizar.
La publicación de la columna coincide con el inicio de un nuevo ciclo de gobierno, lo que abre una ventana para que los gremios eleven sus demandas. Para el sector ganadero, la seguridad no es solo un asunto de orden público, sino una condición básica para producir, generar empleo y mantener la presencia en los territorios.
El texto también recuerda que la seguridad rural no se resuelve solo con fuerza pública. La presencia del Estado en zonas apartadas requiere inversiones en vías, justicia, salud y educación, junto con la articulación entre la Fuerza Pública, las autoridades locales y las comunidades.
Según la columna, el llamado al nuevo gobierno es directo: atender las exigencias del gremio implica reconocer los riesgos específicos del campo y diseñar políticas diferenciadas, no replicar de manera automática las estrategias usadas en las ciudades. El columnista insiste en que la respuesta debe ser integral y sostenida en el tiempo.
Queda por verse cómo el gobierno nacional recoge esta y otras demandas de los gremios rurales. La presión del sector ganadero llega en un contexto de cambios en la política de seguridad y de ajustes en la presencia militar en varias regiones del país.
Por ahora, la columna de Herrera C. deja planteada una pregunta central para el nuevo gobierno: ¿qué tan preparado está el Estado para garantizar condiciones de seguridad mínimas en las zonas donde se produce la mayor parte de la ganadería colombiana? La respuesta a esa pregunta marcará la relación entre el Ejecutivo y el campo en los próximos años.