La congresista Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, anunció que insiste en su proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. La iniciativa pretende impedir el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, una práctica que ha generado debate en el país por sus efectos ambientales y sociales.
Según la fuente, Hernández sostiene que el objetivo de la propuesta es proteger a las comunidades vecinas a las zonas de explotación, resguardar los acuíferos y conservar las especies presentes en esas regiones. El argumento central de la senadora gira en torno a los riesgos que, a su juicio, trae la técnica para los recursos hídricos y los ecosistemas.
El debate sobre el fracking en Colombia no es nuevo. Durante años, distintos sectores han discutido si la técnica puede incorporarse como parte de la matriz energética del país, en un contexto de transición hacia fuentes menos contaminantes. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado también se han pronunciado sobre los contratos y la regulación asociada a los yacimientos no convencionales.
El proyecto de Hernández se tramita en un escenario particular: el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ya dio visto bueno a proyectos de fracking en yacimientos no convencionales. Esa posición oficial contrasta con el contenido de la iniciativa de la senadora, que apunta a una prohibición total de la técnica en el territorio nacional.
La diferencia entre lo que plantea el Ejecutivo y lo que impulsa la congresista refleja un choque entre dos visiones de política energética y ambiental. Por un lado, el Gobierno apuesta por aprovechar los yacimientos no convencionales como recurso. Por el otro, la iniciativa legislativa defiende suspender esa práctica por los impactos que podría tener sobre el agua, el suelo y la biodiversidad.
Para los ciudadanos, la discusión tiene implicaciones directas. En las regiones donde se han explorado o se proyecta explorar yacimientos no convencionales, las comunidades han expresado preocupaciones sobre el uso del agua, la actividad sísmica y la afectación a actividades agrícolas. Una prohibición total cerraría esa puerta, mientras que el visto bueno del Gobierno la mantiene abierta bajo regulación.
El texto de Hernández también incluye la protección de especies y ecosistemas como ejes de la prohibición. La congresista argumenta que la técnica puede afectar fauna, flora y fuentes hídricas en zonas de páramo, bosque andino y áreas agrícolas. La propuesta contempla restricciones que, de aprobarse, tendrían alcance sobre futuros contratos y proyectos en curso.
La iniciativa deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, donde pasará por comisiones y plenarias. Su avance dependerá del respaldo de otras bancadas y de los debates técnicos que se citen, entre ellos los del Ministerio de Minas y Energía y los del Ministerio de Ambiente. Por ahora, la autora mantiene su intención de llevarla hasta las últimas instancias legislativas.
Queda pendiente conocer la reacción formal del Gobierno frente a este nuevo impulso del proyecto. Hasta el momento, el Ejecutivo ha defendido su respaldo a los yacimientos no convencionales como parte de la estrategia energética, mientras que sectores ambientales y organizaciones sociales piden suspender la técnica hasta tener estudios concluyentes sobre sus efectos.