El presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia directa frente a los llamados de desobediencia civil que han circulado en el país tras los recientes procesos electorales. Según la Revista Semana, el mandatario sostuvo que esa figura no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia.
De La Espriella fue enfático al señalar que su administración hará respetar lo que los colombianos decidieron en las urnas, y lo hará, en sus palabras, con la fuerza de la constitución y la ley. La declaración se inscribe en medio de una creciente preocupación ciudadana por la crispación política y por episodios de protesta que sectores del gobierno entrante han calificado de riesgo institucional.
La figura de la desobediencia civil tiene una larga tradición en la historia política colombiana y latinoamericana. En el derecho constitucional, se entiende como el incumplimiento deliberado, público y no violento de una norma, con el fin de protestar contra una decisión que se considera injusta. Distintos analistas han recordado que, para que se reconozca como legítima, debe ejercerse sin agresión y sin incitación a la violencia.
La reacción del presidente electo llega en un momento sensible para la institucionalidad. El país atraviesa una etapa de transición de mando, en la que las Fuerzas Militares, la Policía y los órganos de control juegan un papel central para garantizar el orden público. Cualquier llamado a no acatar normas genera alerta en sectores económicos, sociales y políticos, que piden claridad sobre los límites de la protesta y del cumplimiento de la ley.
Para los ciudadanos del común, el debate tiene efectos prácticos. La posibilidad de bloqueos, cierres de vías o interrupciones de servicios públicos afecta la movilidad, el acceso a alimentos y medicamentos, y la actividad productiva en regiones apartadas. Por eso, la postura del próximo gobierno es observada con atención por gobernadores, alcaldes y gremios, que piden reglas claras para evitar escaladas de conflicto.
El lenguaje utilizado por De La Espriella, al calificar la desobediencia civil como intento de desestabilización, marca la línea con la que arranca su relación con los movimientos sociales y con los sectores críticos de su gestión. Esa línea puede traducirse en investigaciones, sanciones o diálogos, dependiendo de cómo evolucione la tensión en las próximas semanas.
Sectores que defienden la protesta social como derecho constitucional han recordado que la Corte Constitucional ha protegido expresiones de desobediencia civil siempre que sean pacíficas. Al mismo tiempo, quienes respaldan al gobierno electo insisten en que toda acción por fuera de la ley debe ser enfrentada con los mecanismos judiciales y de fuerza pública disponibles.
Por ahora, el país queda a la espera de cómo se traducirá en hechos la advertencia presidencial. Queda pendiente si habrá decretos, directivas a la fuerza pública o instrucciones precisas a los ministerios del Interior y de Defensa frente a los escenarios de protesta que puedan surgir en el arranque del nuevo mandato.