La discusión sobre una nueva reforma tributaria en Colombia vuelve a estar sobre la mesa, pero esta vez con un condicionante explícito del propio presidente Abelardo de la Espriella: no subir los impuestos a los contribuyentes que ya cumplen. Según recogió Infobae, analistas económicos identificaron tres caminos para conseguir recursos frescos sin tocar las tarifas vigentes.
La primera opción que mencionan los expertos es una negociación con socios comerciales clave, en particular Estados Unidos. Un eventual acuerdo bilateral abriría la puerta a nuevos flujos de inversión, mayor comercio y, eventualmente, más ingresos fiscales por la vía del crecimiento económico, sin necesidad de crear nuevos gravámenes.
La segunda ruta se concentra en el interior de la propia administración. Los especialistas proponen fortalecer a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con herramientas tecnológicas que permitan cerrar la brecha de evasión y elusión. En Colombia, la evasión del IVA y del impuesto de renta es un problema estructural que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido en varias oportunidades, lo que hace de la Dian el flanco donde más rápido se podría mejorar el recaudo sin cambiar leyes.
La tercera alternativa es de carácter político. Pasa por construir consensos en el Congreso que permitan aprobar cambios al estatuto tributario, como gravar sectores que hoy gozan de tratamientos preferenciales o eliminar exenciones que no se justifican. Esta vía es la más sensible políticamente, pues enfrenta a grupos de presión organizados, pero los expertos la incluyen porque ampliar la base de quienes tributan es distinto a subir la tarifa de los que ya lo hacen.
Según Infobae, la coincidencia entre los analistas consultados es que las tres opciones no son excluyentes. Un acuerdo comercial bien estructurado puede generar crecimiento, y al mismo tiempo una Dian modernizada podría capturar recursos que hoy se pierden. La combinación, dicen, haría innecesaria una reforma centrada en nuevos impuestos.
Para los ciudadanos de a pie, la diferencia es concreta. Una reforma que eleve la tarifa del impuesto de renta o del IVA termina impactando el precio de la canasta familiar, los servicios públicos y la formalización de pequeños negocios. Evitar esa vía preserva la capacidad de consumo y la competitividad de las empresas que ya están en el sistema.
En el frente institucional, el debate reabrió la discusión sobre la autonomía presupuestal de la Dian y su capacidad de cruce de información. Modernizar la entidad implica inversiones en software, talento humano y cooperación internacional, rubros que también deben financiarse, aunque los expertos argumentan que el retorno fiscal justifica el gasto inicial.
En materia política, el gobierno de De la Espriella deberá calibrar qué tanto de su capital en el Congreso está dispuesto a invertir en un Estatuto Tributario que, en lugar de subir tarifas, reordene privilegios. Sectores como el financiero, el minero-energético y las zonas francas suelen reaccionar con fuerza cuando se tocan sus beneficios, según ha mostrado la historia reciente de las reformas de 2019, 2021 y 2022.
Quedan varias tareas pendientes. Primero, definir si la negociación con Estados Unidos avanzará hacia un tratado de libre comercio o hacia acuerdos sectoriales con efecto recaudador. Segundo, precisar el plan de modernización de la Dian y sus metas de reducción de la evasión. Tercero, acordar con las bancadas del Congreso el alcance de cualquier modificación al estatuto. La siguiente reforma tributaria, si la hay, se medirá por si logra ingresos sin sacrificar a quienes ya tributan.
La fuente consultada por Infobae no detalla montos ni plazos concretos para cada una de las tres alternativas. Por ahora, la discusión queda en el terreno de las opciones y de la voluntad política para ejecutarlas, en un año en el que el equilibrio entre gasto público, inversión social y presión tributaria vuelve a ser el centro del debate económico colombiano.