El reporte de El Tiempo registra que al cierre de 2025 la rama judicial acumulaba 1 millón 863 mil expedientes sin despacho. La cifra fue presentada como una de las radiografías iniciales del sector que recibe el gobierno encabezado por Abelardo De La Espriella. El rezago se distribuye entre los distintos despachos del país, aunque el extracto no precisa el detalle por jurisdicción.
La justicia colombiana opera a través de la Jurisdicción Ordinaria, la Contencioso Administrativa, la Constitucional, la Disciplinaria y la Especializada de Paz, cada una con sus propias dinámicas de congestión. Los despachos judiciales son las unidades donde los jueces estudian y resuelven los procesos. Cuando un expediente permanece sin despacho, significa que un juez aún no ha asumido formalmente su trámite, lo que detiene cualquier avance posterior en el caso.
El rezago no es un fenómeno nuevo. Históricamente la rama judicial ha reportado niveles altos de congestión, asociados al crecimiento de la demanda de justicia, a la insuficiencia de cargos judiciales frente al volumen de procesos y a los ajustes normativos que han incrementado competencias sin un aumento proporcional de recursos. Estos factores configuran un problema estructural que precede al actual gobierno.
Para los ciudadanos, un expediente represado tiene efectos concretos. Implica demoras en decisiones sobre pensiones, alimentos, contratos, responsabilidad del Estado, conflictos laborales y procesos penales, entre otros. Cada caso representa una persona o una familia a la espera de una respuesta institucional. La duración excesiva de los procesos afecta el acceso efectivo a la justicia, un derecho reconocido en la Constitución.
El dato divulgado por El Tiempo llega en un momento de transición administrativa. El nuevo gobierno recibe el inventario de expedientes pendientes como insumo para definir prioridades en el sector. Las decisiones sobre creación de cargos judiciales, mecanismos de descongestión, inversión en infraestructura tecnológica y políticas de gestión procesal forman parte del conjunto de herramientas disponibles para enfrentar la acumulación.
La rama judicial cuenta con el Consejo Superior de la Judicatura como órgano de administración y disciplina. Este Consejo es el responsable de formular políticas para descongestionar los despachos y de administrar los recursos del sector. Los planes de descongestión suelen incluir medidas temporales como juzgados de apoyo o redistribución de procesos, aunque su impacto tiende a ser limitado si no se acompañan de reformas de fondo.
En el plano disciplinario, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial adelantan investigaciones contra jueces y abogados por faltas en el ejercicio de sus funciones. Un sistema con expedientes represados suele enfrentar presiones adicionales sobre estas comisiones, llamadas a responder por la conducta de los servidores judiciales en medio de la congestión.
El reporte también abre interrogantes sobre el seguimiento a las sentencias de las altas cortes. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado emiten fallos que deben ser cumplidos por las entidades demandadas. Cuando existen decisiones estructurales sin acatar, el ciudadano afectado no obtiene la reparación ordenada y se profundiza la brecha entre el derecho formal y la realidad.
Queda pendiente conocer las metas que trace el gobierno nacional para reducir el rezago en el primer año de gestión. Los indicadores de gestión judicial, la tasa de evacuación de expedientes y la comparación con años anteriores serán elementos clave para evaluar los resultados. Por ahora, la cifra de 1 millón 863 mil expedientes funciona como línea base para medir cualquier avance.