La Presidencia de la República dio a conocer una directiva dirigida a las entidades del Gobierno Nacional con el fin de estandarizar el relacionamiento con los medios de comunicación. El documento fue divulgado por el portal Minuto60, que resumió sus puntos principales en una guía de cinco claves para el manejo informativo oficial.
Según la publicación, la directriz establece pautas sobre quién puede hablar en nombre de cada entidad, cómo deben atenderse las solicitudes de prensa y de qué manera se difunden los comunicados oficiales. El propósito declarado es ordenar la vocería institucional y evitar mensajes contradictorios entre dependencias del Estado.
La medida se inscribe en una práctica habitual de los gobiernos de turno: dictar lineamientos internos de comunicación al inicio de una administración. En Colombia, la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información ya obliga a las entidades públicas a divulgar de forma activa su gestión y a responder con oportunidad los requerimientos de los medios.
Uno de los ejes de la directiva es la concentración de la vocería. Las entidades tendrían que designar portavoces oficiales para los distintos temas y canalizar por ellos cualquier declaración pública. Esto busca reducir la dispersión de criterios que suele aparecer cuando distintas áreas de una misma institución responden por separado sobre un mismo asunto.
Otro punto destacado por Minuto60 se refiere a la atención a periodistas. La directriz fija plazos y canales para responder solicitudes de información y entrevistas. La lógica detrás de este lineamiento es garantizar un trato uniforme y trazable, de modo que los reporteros sepan a quién acudir y en cuánto tiempo esperar una respuesta.
La directiva también aborda el uso de redes sociales y plataformas digitales oficiales. Establece criterios para la publicación de contenidos en canales institucionales y diferencia esa comunicación de la que realizan los funcionarios a título personal. El objetivo es preservar el carácter oficial de las cuentas del Estado y separar la opinión individual de la postura institucional.
En la práctica, estas reglas afectan a miles de servidores públicos que laboran en ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas. Su cumplimiento depende de la cadena jerárquica de cada organismo, por lo que la efectividad de la medida se medirá con el tiempo a partir de la coherencia de los mensajes oficiales que lleguen a la ciudadanía.
La directriz llega en un contexto de creciente consumo de información a través de redes y plataformas digitales, donde la inmediatez suele chocar con los tiempos administrativos del Estado. Por eso, ordenar los flujos de comunicación se presenta como una necesidad operativa, además de política, para cualquier gobierno.
Queda por verse cómo se traducirá esta guía en protocolos internos de cada ministerio y agencia. Las entidades deberán adaptar la directiva a su estructura, socializarla con sus equipos y, en muchos casos, capacitarlos para responder con un mismo criterio ante la prensa nacional y regional.
Minuto60 publicó el contenido completo de las cinco claves en su portal. Allí los lectores pueden consultar los detalles puntuales de cada lineamiento, desde la designación de voceros hasta los plazos para atender requerimientos periodísticos.