El presidente Abelardo De La Espriella entregó cinco instrucciones a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía. La directriz central es recuperar el control territorial y perseguir a las estructuras armadas que el Ejecutivo considera terroristas, según reportó El Tiempo.
Entre las órdenes figura el cierre de los canales de comunicación con esos grupos. La medida marca un giro respecto al enfoque de diálogos que el país ha ensayado en distintos momentos de las últimas décadas con organizaciones como las FARC, el ELN y otras bandas que se han sentado a negociar con el Estado.
El mensaje presidencial lo recoge El Tiempo con la frase “no más a la falsa paz que arrodilla al Estado”. Esa expresión resume el tono del nuevo gobierno frente a los procesos de negociación que han generado críticas por los incumplimientos reiterados de los grupos armados y por los secuestros y atentados registrados en varias regiones.
La cúpula militar y policial es el mando conjunto que dirige las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su renovación suele producirse al inicio de un gobierno y es la encargada de ejecutar la política de defensa y seguridad en el territorio.
El control territorial es uno de los indicadores más sensibles del orden público en Colombia. Zonas con presencia histórica de grupos armados ilegales han sufrido restricciones a la movilidad, ataques contra la población civil y limitaciones al acceso de servicios del Estado.
Las instrucciones también apuntan a la persecución judicial y operativa de las estructuras armadas. Esa tarea recae en la Fuerza Pública, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y, en algunos casos, de la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar.
Para los ciudadanos, las decisiones sobre seguridad se traducen en operativos, presencia militar en zonas afectadas y cambios en la estrategia antiterrorista. Sectores como el campesino, el indígena y el empresarial suelen ser los más expuestos a los efectos del conflicto armado.
La directriz presidencial se conoce pocos días después de la posesión del nuevo gobierno y de la designación de los altos mandos. Queda pendiente cómo se medirá el avance de las órdenes, qué metas operativas fijará la cúpula y si habrá coordinación con organismos internacionales y países vecinos.
Organizaciones de derechos humanos y analistas de seguridad suelen pedir que las operaciones militares cumplan protocolos internacionales y respeten a la población civil. El nuevo gobierno deberá definir cómo compatibiliza esas exigencias con la ofensiva contra los grupos armados.
La fuente consultada es El Tiempo, medio que publicó el detalle de las cinco instrucciones entregadas por el presidente a la nueva cúpula militar y policial.