El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de La Espriella, avanza en la redacción de un decreto que busca fijar parámetros para regular la protesta social en el país. La información fue revelada por el diario El Tiempo, que tuvo acceso al borrador y publicó sus principales claves.
La protesta social es un derecho reconocido en la Constitución colombiana de 1991 y ha sido tema recurrente en las últimas décadas. Movimientos ciudadanos, sindicatos, estudiantes y organizaciones indígenas han hecho uso de este derecho para expresar demandas en distintos contextos, desde reformas laborales hasta negociaciones de paz.
La intención del Ejecutivo, según la fuente, es dotar al Estado de herramientas normativas que permitan ordenar el ejercicio de este derecho sin vaciar su contenido. El borrador introduce criterios que delimitarían las condiciones de tiempo, modo y lugar en que pueden realizarse las manifestaciones.
Sectores jurídicos consultados por El Tiempo han expresado reservas sobre la constitucionalidad de algunos apartados. El debate gira en torno al equilibrio entre la garantía del derecho a la reunión y la protesta, y la protección de bienes jurídicos como la movilidad, el comercio y la seguridad ciudadana.
En el ámbito político, la iniciativa también genera posiciones divididas. Algunos sectores la consideran necesaria para poner orden en situaciones que han derivado en hechos de violencia o en bloqueos prolongados. Otros la califican como un riesgo de restricción a un derecho fundamental.
Colombia cuenta con antecedentes normativos en la materia, como la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que regula aspectos del espacio público. Sin embargo, una norma específica sobre protesta social ha sido una demanda de distintos gobiernos, enfrentada siempre al escrutinio de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional ha sido clave en la definición de los límites a la protesta. En sentencias previas, el alto tribunal ha protegido manifestaciones pacíficas y ha ordenado al Estado garantizar la protesta en lugar de reprimirla. Cualquier nuevo decreto deberá ser evaluado a la luz de esos pronunciamientos.
Para la ciudadanía, la eventual norma podría traducirse en reglas más claras sobre cómo, dónde y cuándo se puede protestar, así como en protocolos de actuación para la fuerza pública. Los críticos advierten que también podría abrir la puerta a restricciones que limiten la movilización social.
Por ahora, el borrador sigue en etapa de discusión dentro del Ejecutivo. El siguiente paso sería la publicación del texto definitivo, que estaría sujeto a observaciones de la sociedad civil, academia y organismos de derechos humanos antes de su eventual expedición.