El presidente Abelardo de la Espriella firmará este viernes el decreto que establece las reglas para el ejercicio de la protesta social en Colombia, según informó el ministro del Interior, Rodrigo Lara. La medida lleva semanas en discusión dentro del Gobierno y en distintos sectores políticos y sociales del país.
De acuerdo con el funcionario, el propósito central de la norma es blindar a los ciudadanos que marchan de manera pacífica. Lara señaló que la regulación busca diferenciar a los manifestantes legítimos de los grupos violentos que, según el Gobierno, se infiltran en las movilizaciones para causar desmanes.
El decreto fija, entre otros puntos, los criterios para la intervención de la fuerza pública durante las protestas. La pregunta central que ha rodeado la discusión es cuándo y bajo qué condiciones la Policía o las Fuerzas Militares pueden actuar cuando una marcha deriva en hechos de violencia o en alteraciones graves del orden público.
Colombia cuenta con una larga tradición de movilización social. La protesta pacífica es un derecho constitucional, pero en las últimas décadas distintos episodios han terminado en enfrentamientos, daños a bienes públicos y privados, y víctimas mortales. Esa experiencia ha alimentado el debate sobre la necesidad de reglas más claras para la actuación de las autoridades.
El derecho a la reunión y a la manifestación pública está protegido por la Constitución y por tratados internacionales de derechos Humanos ratificados por Colombia. Cualquier regulación interna debe respetar esos estándares, según han recordado en reiteradas ocasiones organizaciones de derechos Humanos y expertos en derecho constitucional consultados en coyunturas similares.
Para el Gobierno, la nueva reglamentación responde a un compromiso de proteger tanto la libre expresión como la seguridad ciudadana. Lara insistió en que el decreto no pretende criminalizar la protesta, sino separar a los violentos de quienes ejercen su derecho a manifestarse de forma genuina y pacífica.
Sectores críticos de la oposición y organizaciones sociales han expresado en otras oportunidades su preocupación de que normas de este tipo terminen restringiendo el derecho a la protesta. El decreto abre, según voceros del Ejecutivo, un espacio de implementación en el que se evaluarán sus efectos en la práctica.
La firma se produce en un contexto de expectativa en varias regiones del país, donde organizaciones sociales y plataformas de derechos Humanos suelen estar atentas a los cambios normativos que tocan la protesta. La manera como se aplique el decreto en las próximas semanas será determinante para medir su alcance real.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto, los protocolos específicos de actuación de la fuerza pública y los mecanismos de seguimiento que se contemplen. El Gobierno ha indicado que la norma entrará en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial.