De La Espriella sostuvo, en declaraciones recogidas por Minuto60, un llamado directo a los ciudadanos para que paguen por el servicio militar. La frase, breve y contundente, reactivó una discusión que en Colombia ha tenido múltiples capítulos en las últimas décadas sobre si el servicio militar debe ser obligatorio, voluntario o mixto, y sobre quién asume su costo.
El servicio militar en Colombia está regulado por la Ley 1861 de 2017, que establece la obligatoriedad para todos los varones colombianos al cumplir la mayoría de edad. La norma contempla excepciones por condición de salud, situación socioeconómica o responsabilidad familiar, y define la figura del soldado campesino, entre otras modalidades. En la práctica, muchos jóvenes prestan el servicio de manera regular durante un periodo que suele extenderse entre doce y veinticuatro meses.
Sobre el pago del servicio militar, la legislación vigente plantea que la prestación del servicio no es remunerada, aunque los soldados reciben una asignación mensual y beneficios como afiliación a salud, primas, auxilios y, en algunos casos, acceso a programas de vivienda y educación por parte del Ministerio de Defensa. El debate que abrió la frase de De La Espriella gira, en parte, en torno a si ese esquema debería transformarse para que los ciudadanos aporten económicamente, o si la financiación debe seguir siendo estatal.
Sectores que defienden la obligatoriedad argumentan que el servicio militar es un deber constitucional ligado a la defensa de la soberanía y al aporte a la seguridad nacional. Quienes piden cambios señalan que la carga recae sobre los jóvenes de menores recursos, que prestan el servicio mientras acceden a la universidad o al mercado laboral, y que el Estado debería garantizar condiciones más dignas, mejor remuneración y formación técnica con salidas laborales reales.
Otro punto sensible del debate es la presencia del servicio militar obligatorio en medio del conflicto interno. Organizaciones de derechos humanos han documentado históricamente casos de reclutamiento irregular, bajas no combatientes y uso de soldados regulares en operativos de alto riesgo. Para estos sectores, cualquier reforma debe partir de garantías de protección, supervisión civil y rutas de deserción seguras.
Las Fuerzas Militares, por su parte, han insistido en que el servicio obligatorio les permite mantener los pie de fuerza necesarios para atender tareas de seguridad y control territorial. También sostienen que los programas de soldado profesional y soldado campesino han fortalecido la presencia en zonas rurales, donde la presencia del Estado es más débil. Modificar el modelo tendría implicaciones presupuestales y logísticas que, según analistas, requieren un análisis técnico antes de cualquier decisión.
La frase de De La Espriella llega, además, en un contexto de transición de gobierno. Como presidente electo, sus declaraciones anticipan líneas de política que podrían materializarse en el Plan Nacional de Desarrollo y en proyectos de ley que el Ejecutivo radique ante el Congreso. Por eso las reacciones no se han limitado al contenido literal del mensaje, sino que miran hacia el rumbo que podría tomar la política de defensa y seguridad en el próximo cuatrienio.
El debate queda abierto. Sectores políticos y ciudadanos pidieron precisiones sobre si la propuesta se refiere a un aporte económico voluntario, a una contraprestación para quienes no prestan el servicio, o a un modelo mixto que combine obligatoriedad y remuneración. Hasta ahora, el equipo del presidente electo no ha detallado los alcances de la iniciativa, y se espera que en las próximas semanas se conozcan los lineamientos del nuevo gobierno en esta materia.
Lo cierto es que el servicio militar volvió al centro de la conversación pública. Toca temas sensibles como la equidad en el acceso, el financiamiento de la defensa, la relación entre ciudadanos y Fuerzas Armadas, y el legado del conflicto armado. Cualquier cambio en la materia exigirá consensos políticos, estudios técnicos y, sobre todo, un debate abierto que convoque a jóvenes, militares, académicos y sociedad civil.