La oficina de comunicaciones de la Presidencia de la República emitió una instrucción interna para restringir el acceso de medios de comunicación a las actividades oficiales, según una investigación publicada por Caracol Radio. La orden, según la emisora, excluye a los medios que la Casa de Nariño no considere "amigos" y deja sin efecto las ruedas de prensa y entrevistas abiertas que eran habituales en la cobertura del día a día del Gobierno.
De acuerdo con la misma revelación, la directiva establece que el jefe de despacho presidencial, Miller Soto, no podrá conceder más de tres declaraciones diarias a la prensa. La regla tiene una salvedad: se permitirá la participación del funcionario cuando el tema sea considerado "estratégico" por el equipo de comunicaciones, una categoría que queda a discreción de la propia oficina.
La instrucción reordena así la relación cotidiana entre la Presidencia y los medios informativos. Hasta ahora, los periodistas acreditados en la Casa de Nariño podían ingresar a ciertos espacios y formular preguntas en directo. Con la nueva directriz, ese flujo queda supeditado a un filtro previo sobre la línea editorial de cada medio y sobre el asunto a tratar.
El episodio se conoce en un contexto de creciente atención sobre la estrategia de comunicación del Gobierno nacional. En los últimos meses, distintas voces del periodismo colombiano han señalado cambios en la forma en que la administración informa sobre sus decisiones, un debate que este reporte de Caracol Radio vuelve a poner sobre la mesa con un dato concreto: la existencia de un lineamiento escrito.
Para los medios de comunicación, el cambio implica una recomposición de las rutinas periodísticas. Los reporteros que cubren la fuente presidencial dependerán más de comunicados oficiales y de declaraciones puntuales, y menos de la cobertura en tiempo real dentro de la Casa de Nariño. Sectores del periodismo han cuestionado este tipo de esquemas por considerar que limitan el derecho a la información de los ciudadanos.
En el terreno ciudadano, la consecuencia directa es una menor visibilidad inmediata de las decisiones del Ejecutivo. Cuando el acceso se acota, los ciudadanos dependen más de lo que la propia Presidencia decida difundir, lo que reduce la posibilidad de contrastar versiones sobre un mismo hecho en el momento en que ocurre.
La directiva también deja abierta la puerta a eventuales excepciones. Al mencionar los "temas estratégicos", la oficina de comunicaciones se reserva la potestad de habilitar apariciones públicas cuando lo considere necesario, lo que en la práctica convierte esa categoría en el principal mecanismo de apertura informativa del Gobierno.
Por ahora, el reporte periodístico no detalla reacciones oficiales adicionales ni el alcance preciso de las excepciones. Lo que queda instalado en el debate público es una pregunta sobre el margen con el que cuenta la prensa para fiscalizar al Ejecutivo y sobre los criterios con los que Presidencia define qué medios pueden o no ingresar a sus espacios.
El tema seguramente será seguido de cerca por organizaciones de prensa y por los propios medios excluidos, que suelen pedir reglas claras y no discriminatorias para el acceso a la fuente. También será un punto de observación para los gremios periodísticos y para los veedores de la transparencia en el Estado.