La política de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a tomar forma esta semana con las declaraciones del ministro de Justicia, identificado en la nota de El Colombiano como Cancino. El funcionario explicó los alcances del mecanismo que el Ejecutivo pondrá en marcha para que los integrantes de grupos armados que decidan acogerse a la justicia lo hagan en condiciones distintas a las de un proceso de paz.
Una de las afirmaciones que más llamó la atención fue la de que las personas que se sometan no van a tener voz en el proceso. La frase fue pronunciada por el propio Cancino durante el anuncio de los lineamientos, según reportó El Colombiano. Con esa expresión, el Gobierno dejó en claro que la figura no contempla mesas de negociación ni espacios de vocería para los grupos armados, algo que ha sido uno de los puntos sensibles en intentos anteriores de diálogos.
Desde que quedó electo como presidente, Abelardo de la Espriella ha sostenido de manera reiterada que durante su Gobierno no habrá diálogos de paz con estructuras armadas al margen de la ley. Esa postura marca una ruptura con la estrategia de conversaciones que se intentó en administraciones previas y se traduce ahora en un esquema de sometimiento individual a la justicia ordinaria, sin reconocimiento político ni vocería.
El sometimiento a la justicia es una figura contemplada en el ordenamiento colombiano que permite a personas vinculadas a grupos armados entregar sus armas, aportar información y cumplir penas a cambio de beneficios jurídicos reducidos. A diferencia de una negociación política, en el sometimiento el Estado no concede representación ni participación en la discusión pública a los grupos que deciden acogerse. Lo que el ministro Cancino hizo fue subrayar precisamente ese carácter de entrega individual frente a la justicia.
En la práctica, la decisión afecta a quienes integran organizaciones armadas y estén evaluando entregarse. Tendrán una vía legal para hacerlo, pero sin acceso a micrófonos ni a negociación de condiciones políticas, lo que limita su margen de maniobra y elimina cualquier posibilidad de que el proceso derive en una mesa de diálogo como las que el país conoció en ciclos anteriores.
La nueva política también tiene implicaciones para la institucionalidad. La Fiscalía, la Rama Judicial y la Fuerza Pública deberán adaptar sus procedimientos para recibir a quienes se sometan, procesarlos y verificar la información que entreguen. Cancino no anticipó en el anuncio reportado por El Colombiano los tiempos ni los cupos que manejará el mecanismo, por lo que quedan preguntas abiertas sobre la capacidad de respuesta del sistema de justicia.
El Gobierno todavía debe precisar varios puntos pendientes. Entre ellos figuran los beneficios concretos que recibirán los sometidos, la forma en que se verificarán las entregas, el tratamiento de los bienes de los grupos armados y el papel que tendrán las víctimas en el proceso. Hasta ahora, según lo recogido por El Colombiano, el énfasis oficial estuvo puesto en cerrar la puerta a cualquier escenario de negociación política.