La liquidación del Ministerio de la Igualdad en Colombia abre un frente de incertidumbre sobre la continuidad de los programas que esa cartera había puesto en marcha. Según reporta EL PAÍS, organizaciones sociales y activistas advierten que cerca de una decena de iniciativas quedaron sin un responsable claro dentro del Estado.
El Ministerio de la Igualdad fue creado durante el gobierno de Gustavo Petro como una entidad dedicada a diseñar y ejecutar políticas para mujeres, población LGBTI, comunidades étnicas, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros grupos históricamente marginados. Su liquidación implica reasignar o absorber esas tareas en otras dependencias del orden nacional.
De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, los programas que quedaron a la deriva incluyen líneas de trabajo orientadas a la autonomía económica de las mujeres, la prevención de violencias basadas en género y el acompañamiento a comunidades étnicas. La fuente no precisa cuáles de esos programas ya estaban en ejecución ni cuántos beneficiarios atendían.
Organizaciones de la sociedad civil consultadas por EL PAÍS temen que la supresión de la cartera produzca un vacío institucional. Señalan que muchos de estos programas requieren articulación entre entidades territoriales y que la transición podría afectar a personas que dependen de los servicios para su sostenimiento o su protección.
El proceso de liquidación de un ministerio en Colombia implica, por lo general, la reasignación de funciones, la entrega de archivos y la definición de un nuevo administrador para los recursos presupuestados. La ley establece plazos y responsabilidades para que los programas no se interrumpan de manera abrupta, aunque la implementación de esa transición suele variar según cada caso.
Para los ciudadanos, el aspecto más sensible es la continuidad de los servicios. Programas de atención a víctimas de violencia, de acompañamiento a jóvenes en territorios vulnerables y de apoyo a lideresas sociales dependen de una estructura administrativa que, por ahora, no tiene un destino definido, según lo que recoge EL PAÍS.
La fuente también reporta que distintos sectores han pedido claridad al Gobierno nacional sobre el futuro de estas políticas. Vocerías del Ejecutivo no aparecen citadas en el extracto, por lo que no es posible detallar la respuesta oficial más allá de lo ya informado por EL PAÍS.
Queda pendiente conocer qué ministerio o entidad asumirá cada una de las líneas de trabajo, cómo se reasignará el presupuesto y bajo qué reglas operarán los convenios en curso con organizaciones territoriales. La atención se centra ahora en los decretos y resoluciones que definan esa transición.