Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, dedicó los primeros minutos de su discurso a delinear la línea económica de su gobierno. Confirmó que enviará una reforma al sistema tributario y que una de sus primeras decisiones será eliminar el impuesto al patrimonio, un gravamen que se cobra a personas con patrimonios líquidos superiores a cierto umbral y que ha sido reformulado en varias ocasiones durante la última década.
El anuncio central gira en torno a tres ejes. El primero es la reforma tributaria, una modificación estructural de los impuestos que recauda la Nación y que en Colombia incluye el impuesto de renta, el IVA, el gravamen a los movimientos financieros y los impuestos departamentales y municipales. El segundo eje es el combate a la evasión, un problema que la DIAN y distintos estudios han señalado como una de las principales fuentes de incumplimiento del recaudo, y el tercero es la promoción de la inversión, la producción y el empleo.
La eliminación del impuesto al patrimonio es la decisión de mayor alcance inmediato. Este tributo, vigente de forma intermitente desde 2002, ha sido utilizado como instrumento temporal para financiar el gasto público en momentos de necesidad fiscal, pero también ha sido cuestionado por su efecto sobre la inversión y la salida de capitales. Su supresión total modificaría el frente de recaudo del Gobierno nacional.
El contexto fiscal es determinante. Colombia ha cerrado años con déficits importantes y la deuda pública ha crecido como porcentaje del PIB. Una reforma tributaria suele proponerse en momentos de ajuste, pero el nuevo gobierno optó por un mensaje que combina recorte de impuestos con promesas de mayor recaudación por la vía de reducir la evasión, lo que supone un equilibrio delicado entre ingresos y gastos.
Para los contribuyentes de mayores patrimonios, la medida significa un alivio directo en su carga tributaria. Para las arcas nacionales, representa la pérdida de una fuente de recursos que, aunque no es la más alta dentro del Presupuesto General de la Nación, sí tiene un peso simbólico y político en la discusión fiscal. La promesa de compensar con menor evasión es ambiciosa y requerirá instrumentos administrativos y tecnológicos de la DIAN.
En materia de inversión y empleo, el argumento del nuevo gobierno es que un sistema tributario más simple y sin gravámenes considerados confiscatorios atrae capital y dinamiza la producción. Sectores como el inmobiliario, el financiero y el agroindustrial suelen reaccionar con fuerza a los cambios en el impuesto al patrimonio, por lo que la expectativa de los mercados es uno de los puntos a seguir en las próximas semanas.
Sobre la reforma tributaria en sí, el presidente no entregó detalles técnicos en su primer discurso. Será el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la DIAN, el encargado de estructurar el proyecto y presentarlo al Congreso, donde deberá surtir ocho debates. La composición del Legislativo y el calendario de sesiones serán claves para la velocidad con la que avance la iniciativa.
Quedan pendientes preguntas centrales. ¿Cómo se compensarán los ingresos que dejarán de entrar por el impuesto al patrimonio? ¿Qué mecanismos se usarán para perseguir la evasión sin generar nuevas cargas sobre los contribuyentes que ya cumplen? ¿Qué pasará con los impuestos departamentales y municipales, que en Colombia tienen una porción significativa del recaudo? Estas son las dudas que el Gobierno tendrá que resolver en los próximos meses.
La fuente de esta información es el reporte de Telemundo Miami sobre las primeras palabras del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.