El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que una de sus primeras decisiones de gobierno será desmontar la política de Paz Total. Según declaró, la iniciativa perdió su propósito original y se convirtió en un mecanismo que los grupos armados aprovecharon para fortalecerse, mientras la población civil seguía expuesta a la violencia, como lo registró LatinAmerican Post.
La Paz Total fue la apuesta central del gobierno de Gustavo Petro para negociar de manera simultánea con estructuras como el Estado Mayor Central, disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y bandas urbanas. La política partió de la idea de que la vía militar aislada no era suficiente y de que hacía falta conversar al mismo tiempo con múltiples actorías armadas, bajo el principio de que la paz se construye con todos los que estén dispuestos a dejar las armas.
En la práctica, los resultados fueron motivo de controversia. Organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron la continuidad de masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en zonas donde operan los grupos que participaban en las mesas de diálogo. Sectores políticos de oposición, por su parte, denunciaron que algunos actorías usaron las conversaciones para reorganizarse, reclutar y controlar economías ilegales sin entregar beneficios verificables a las comunidades.
De la Espriella sostuvo que la decisión no responde a una retaliación política contra el gobierno saliente, sino a una corrección de rumbo frente a un escenario en el que, según sus palabras, los grupos armados aprendieron a monetizar el diálogo mientras los civiles pagaban las consecuencias. Esa lectura es compartida por sectores que consideran que los diálogos sin condiciones claras ni verificación internacional terminaron por debilitar la autoridad del Estado.
La medida abre un período de incertidumbre sobre el destino de las mesas instaladas con distintos grupos armados. El gobierno entrante deberá definir si levanta todos los diálogos, si los somete a condiciones nuevas o si impulsa una transición hacia modelos de sometimiento individual, similares a los aplicados con estructuras paramilitares en décadas pasadas. Cada alternativa tiene implicaciones distintas en materia de justicia transicional y de seguridad territorial.
Para los ciudadanos, el anuncio tiene efectos inmediatos en regiones como el Catatumbo, el Cauca, Putumayo y zonas del bajo Cauca antioqueño, donde las comunidades han vivido de primera mano las consecuencias del avance de los grupos armados. Organizaciones de víctimas pidieron claridad sobre las garantías de protección y sobre la suerte de los acuerdos humanitarios vigentes, en particular los referidos a la liberación de personas secuestradas.
Desde el gobierno saliente y sectores afines a la Paz Total se ha planteado la preocupación de que el cierre de los diálogos reactive la confrontación armada y aumente el riesgo para líderes sociales y excombatientes que ya firmaron los acuerdos de 2016. Defensores de derechos humanos pidieron al presidente electo que cualquier cambio de política mantenga los principios de protección a la población civil y de no repetición.
En el plano institucional, el desafío será reconstruir la coordinación entre la fuerza pública, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos locales. El nuevo diseño de la política de seguridad deberá definir prioridades como el control de las economías ilícitas, la protección de líderes sociales, el desminado humanitario y la atención a poblaciones desplazadas, que siguen siendo asignaturas pendientes en la agenda de seguridad.
El pronunciamiento de De la Espriella se convierte así en una de las primeras señales concretas del rumbo que tomará su gobierno en un área sensible. Lo que se decida en los próximos meses sobre los diálogos, el rol de las Fuerzas Militares y la justicia transicional marcará la dinámica del conflicto armado, de la violencia criminal y de la protección de los derechos humanos en el país.