El decreto 0765, firmado el 15 de julio de 2026 por el Ministerio de Agricultura, fue revelado por EL TIEMPO y de inmediato generó reacciones en el Congreso. Las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ambas de la oposición, cuestionaron su contenido en sus cuentas de redes sociales.
Según las legisladoras, la norma otorga potestades especiales a la Agencia Nacional de Tierras, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia. Las críticas se centraron en el alcance de esas facultades.
Valencia sostuvo que el decreto pone en riesgo la propiedad privada al ampliar las competencias de la ANT por encima de los controles judiciales existentes. Cabal, en la misma línea, advirtió que se trata de una decisión que afecta derechos de los propietarios rurales sin el debate correspondiente en el Legislativo.
La Agencia Nacional de Tierras fue creada en 2015 como parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, con el objetivo de regularizar la tenencia de la tierra, actualizar el catastro rural y resolver conflictos por baldíos. Desde su creación, la entidad ha sido objeto de debate por la magnitud de sus funciones y por las demoras en los procesos agrarios.
El Ministerio de Agricultura no ha emitido hasta ahora una comunicación oficial explicando el alcance del decreto ni los motivos que llevaron a expedirlo. La ausencia de pronunciamiento alimenta la interpretación de las senadoras, que consideran que la medida se tomó sin la debida discusión pública.
Para los propietarios rurales y los gremios del sector agropecuario, el anuncio reabre una discusión de fondo sobre los límites de la intervención estatal en la tierra. Las senatoras recordaron que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad y que cualquier restricción debe pasar por el Congreso o por una sentencia judicial.
En redes sociales, distintos usuarios pidieron al Gobierno nacional aclarar si el decreto modifica los procedimientos de titulación de baldíos, los mecanismos de compra de predios o los procesos de extinción de dominio agrario. También se preguntó si la medida se enmarca en los compromisos del Acuerdo de Paz o si responde a una política propia del actual gobierno.
El siguiente paso será el debate en comisiones del Senado y, eventualmente, una citación al ministro de Agricultura para que explique el decreto. Las senadoras anunciaron que solicitarán un debate de control político y estudiarán la posibilidad de presentar una demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Por ahora, el decreto 0765 del 15 de julio de 2026 sigue vigente y a la espera de que el Ministerio de Agricultura se pronuncie sobre su contenido. La controversia política está abierta y se sumará a la lista de temas que el Congreso deberá abordar en el segundo semestre del año.
La fuente original de la información es la publicación de EL TIEMPO sobre el decreto, que motivó las reacciones de las senadoras. Cualquier información adicional sobre el texto completo de la norma deberá consultarse directamente en el diario o en la página del Ministerio de Agricultura.