La administración de Abelardo De La Espriella anunció que llevará al Congreso una iniciativa para fortalecer la lucha contra los grupos terroristas que delinquen en el país. La propuesta, según el extracto disponible, busca dotar a las fuerzas de seguridad y a la Fiscalía de herramientas más efectivas frente a organizaciones armadas ilegales.
El proyecto revive un debate que parecía archivado. En 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se debatió y aprobó el Estatuto de Seguridad, una normativa que amplió las facultades de las Fuerzas Militares y de Policía y redefinió figuras penales ligadas al terrorismo y al financiamiento de grupos armados.
Según el titular de la nota de referencia, la nueva propuesta comparte varias similitudes con aquel estatuto, pero también introduce diferencias. El medio que publica el análisis señala que el país retoma así un debate de hace dos décadas, cuando la Corte Constitucional y la comunidad jurídica discutieron los límites entre seguridad y garantías ciudadanas.
El Estatuto de Seguridad de 2003 se enmarcó en la política de seguridad democrática, una estrategia que buscaba recuperar el control del territorio frente a las guerrillas, los paramilitares y las nacientes estructuras del narcotráfico. Incluyó reformas al Código Penal, a la Justicia Penal Militar y a los procedimientos de las Fuerzas Armadas en operaciones contra objetivos de alto valor.
La nueva propuesta del gobierno De La Espriella, de acuerdo con el resumen disponible, apunta a objetivos parecidos: reducir la capacidad de acción de los grupos terroristas y darles un tratamiento penal más contundente. Sin embargo, hasta ahora no se conocen públicamente los artículos del proyecto ni los puntos específicos en los que se diferencia del texto de 2003.
El anuncio llega en un contexto de discusión pública sobre el papel de la Fuerza Pública, los límites de la jurisdicción penal militar y la protección de los derechos humanos en zonas de conflicto. Diversos sectores académicos y de derechos humanos han planteado, desde la experiencia del Estatuto de Uribe, los riesgos de ampliar la facultad de captura y juzgamiento de civiles por parte de militares.
Para la ciudadanía, una reforma de este tipo puede traducirse en cambios en los procedimientos de allanamiento, en los plazos de detención, en la forma en que se investigan los delitos de lesa humanidad y en los derechos de las comunidades rurales que conviven con presencia de grupos armados. El proyecto, una vez radicado, deberá surtir debates en comisiones y plenarias.
Queda pendiente conocer el texto completo del proyecto, sus diferencias puntuales con el Estatuto de 2003 y el concepto del Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Corte Constitucional. También falta definir la posición de los partidos políticos en el Congreso, donde la iniciativa necesitará mayorías para avanzar en su trámite legislativo.