La controversia se reabrió luego de que la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, se pronunciara sobre los señalamientos del general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. Sarabia explicó que el único contacto que sostuvo con el oficial retirado estuvo relacionado con una protesta registrada en Bogotá, según lo consignado por Infobae.
Sanabria, por su parte, ha reiterado públicamente que durante su gestión recibió llamados desde la Casa de Nariño con solicitudes ligadas a la política de Paz Total. Sus declaraciones reabren el debate sobre la relación entre el Gobierno nacional y la cúpula de seguridad en la conducción de operativos contra grupos armados y estructuras criminales.
La respuesta de Sarabia fue categórica: negó tajantemente haber pedido la suspensión de operativos policiales. La exfuncionaria, quien tuvo un papel protagónico en la administración anterior como jefa de despacho del entonces presidente Gustavo Petro, aseguró que su comunicación con Sanabria se limitó al episodio de la protesta bogotana, sin que mediara instrucción alguna sobre acciones operativas de la fuerza pública.
El cruce de versiones pone sobre la mesa una tensión conocida en la relación entre el Ejecutivo y la Policía Nacional. La dirección de la Policía, por mandato constitucional, ejerce funciones de vigilancia y control, y sus directrices operativas suelen coordinarse con el Ministerio de Defensa y la Presidencia. Cualquier instrucción que altere el despliegue territorial suele generar cuestionamientos sobre el respeto a la cadena de mando y a la autonomía operativa.
La política de Paz Total, bandera del Gobierno anterior, buscó abrir espacios de diálogo con grupos armados organizados y estructuras criminales bajo distintas modalidades, incluyendo ceses bilaterales de hostilidades y acercamientos negociadores. Ese enfoque implicó decisiones políticas sobre dónde y cómo intervenir militar y policialmente, decisiones que, según críticos, habrían generado fricciones con mandos de la Fuerza Pública que priorizaban el uso de la fuerza.
Para la ciudadanía, la discusión trasciende el intercambio de versiones entre dos exfuncionarios. Lo que está en juego es la claridad sobre quién ordena qué dentro de la cadena de mando de la seguridad y bajo qué criterios se ejecutan los operativos que afectan la vida cotidiana de comunidades en zonas de conflicto, urbanas y rurales. La percepción de injerencia política sobre la Policía puede minar la confianza institucional en una fuerza que enfrenta retos de credibilidad y legitimidad.
El exdirector de la Policía ha sido escuchado en distintos escenarios públicos donde ha dado detalles de los contactos que, asegura, recibió durante su período al frente de la institución. Sarabia, en su condición de diplomática en Londres, responde desde la distancia institucional, lo que añade un componente geográfico a la polémica y la mantiene vigente en la agenda mediática.
Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de la palabra cruzada. No se conoce, hasta el momento, una actuación disciplinaria ni judicial derivada de estas afirmaciones, ni un pronunciamiento oficial de la Casa de Nariño que esclarezca la naturaleza y el alcance de los supuestos llamados. La fuente consultada, Infobae, registra ambos puntos de vista sin dirimir cuál corresponde a la realidad de los hechos.
Queda pendiente que otros actores institucionales, como el Ministerio de Defensa o la actual dirección de la Policía, se pronuncien sobre los señalamientos del general (r) Sanabria. También resta por establecerse si la controversia tendrá consecuencias administrativas o si quedará en el plano del debate público, donde cada parte expone su versión sobre un episodio que vincula directamente la gestión de la seguridad con las decisiones políticas del Gobierno nacional.