La Fiscalía General de la Nación informó el martes 1 de agosto de 2026 que la exfuncionaria Laura Sarabia será acusada como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. El anuncio fue recogido por Infobae y marca un nuevo capítulo en uno de los episodios judiciales más seguidos del primer ciclo del gobierno de Gustavo Petro.
El expediente se remonta a los hechos conocidos en torno a Marelbys Meza Infobae, quien trabajó como niñera en el entorno cercano de Sarabia. Según la investigación de la Fiscalía, a Meza se le habría aplicado una prueba de polígrafo en el marco de una averiguación interna, lo que habría derivado en señalamientos de presiones sobre la trabajadora.
Sarabia fue una de las figuras de mayor peso político en la administración Petro, con responsabilidades en áreas sensibles del Estado. Su salida del gobierno ocurrió en medio de la controversia generada por este mismo caso, que en su momento fue conocido por la opinión pública como el "escándalo del polígrafo" y que puso en cuestión el manejo de recursos y métodos dentro del círculo presidencial.
Los delitos por los que la Fiscalía anunció la imputación tienen penas distintas en el Código Penal colombiano. El abuso de función pública se configura cuando un servidor público se excede en el ejercicio de sus atribuciones o las usa con fines distintos a los previstos por la ley. El constreñimiento ilegal agravado, por su parte, sanciona a quien mediante violencia o presión obliga a otro a realizar, omitir o tolerar algo en contra de su voluntad, con circunstancias que incrementan la pena.
En la práctica, lo que la Fiscalía deberá probar ante un juez de conocimiento es que Sarabia, en su condición de funcionaria, ejerció presiones sobre Meza Infobae para que se sometiera a la prueba de polígrafo, y que esa conducta se apartó de las funciones que le correspondían. La defensa de la exfuncionaria podrá controvertir tanto la tipicidad de la conducta como la responsabilidad individual en los hechos.
El caso tuvo repercusiones políticas desde el momento en que se conoció, porque involucró a una funcionaria de alto nivel y puso en debate el uso de instrumentos propios de la inteligencia y la seguridad del Estado en asuntos de carácter personal. También abrió una discusión sobre los límites del poder jerárquico dentro de las dependencias oficiales.
Para Marelbys Meza Infobae, la decisión de la Fiscalía representa el avance de un proceso que comenzó hace varios años y que ella misma impulsó al denunciar presuntas irregularidades en la forma como fue tratada. Su testimonio fue determinante para que la investigación avanzara hasta esta etapa de imputación.
Con la acusación formal, el proceso entra en una fase decisiva. La próxima diligencia consistirá en la audiencia de imputación ante un juez, en la que la Fiscalía presentará los cargos y la defensa de Sarabia se pronunciará. A partir de ahí, el expediente seguirá su curso en la justicia ordinaria, con el debate probatorio como centro del proceso.
El desenlace judicial de este caso será observado de cerca tanto por el ámbito político como por el ciudadano, dado que involucra a una exfuncionaria que ejerció uno de los cargos más relevantes del gobierno anterior. Cualquier fallo tendrá implicaciones en la manera como se evalúa el uso de las facultades públicas y el trato a personas en condición de subordinación laboral.