Abelardo de la Espriella señaló públicamente que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen el deber constitucional de velar por el orden democrático. Según reportó La FM, el presidente electo aseguró que la obediencia a la Carta Política y a la institucionalidad debe primar sobre cualquier otro tipo de lealtades políticas.
La declaración se produjo en medio de una agenda de transición que el nuevo gobierno viene desarrollando desde su elección. En ese marco, De la Espriella ha mantenido un discurso crítico frente al gobierno saliente de Gustavo Petro, al que ha señalado de manera reiterada por presuntas irregularidades cometidas durante su administración.
De acuerdo con el mismo reporte de La FM, el presidente electo fue más allá y anunció que hará que Petro responda por lo que considera delitos cometidos en ejercicio del poder. "Le haré pagar a Petro todos sus delitos en el marco de la ley", fue la frase textual recogida por el medio citado.
El llamado a las Fuerzas Militares se inscribe en un momento de tensión política en el país, marcado por la polarización entre el gobierno saliente y los sectores que apoyaron al nuevo presidente. Las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, están subordinadas al respeto de los derechos fundamentales y a la separación de poderes.
Para los ciudadanos, este tipo de pronunciamientos alimenta la expectativa sobre cuál será la dinámica entre el Ejecutivo entrante y la cúpula militar. También reabre el debate sobre los límites entre la independencia de la fuerza pública y las presiones que pueda recibir desde el poder político elegido por voto popular.
El artículo 217 de la Constitución establece que las Fuerzas Militares son una institución permanente, regular y no deliberante. Eso significa que sus integrantes deben cumplir su misión sin participar en controversias políticas, un principio que las declaraciones de un presidente pueden poner a prueba en la práctica cotidiana.
En el plano institucional, las reacciones no se hicieron esperar dentro de la esfera política. Sectores afines al gobierno saliente rechazaron los señalamientos y advirtieron sobre un eventual uso político de la justicia. Los simpatizantes del nuevo gobierno, en cambio, respaldaron las declaraciones y reclamaron que se investiguen las conductas denunciadas.
Queda por verse cómo se concreta la anunciada intención de llevar a Petro ante los estrados judiciales. Esa ruta depende de la Fiscalía General de la Nación y de la propia Corte Suprema de Justicia, en caso de que se trate de un exmandatario con fuero. Por ahora, lo cierto es la advertencia verbal del presidente electo y su efecto inmediato sobre la opinión pública.
Lo que sigue en las próximas semanas será el empalme formal entre los equipos de transición, la revisión de los informes sectoriales y la presentación del programa de gobierno ante el Congreso. En ese escenario, las declaraciones como la recogida por La FM funcionan como una suerte de hoja de ruta política del nuevo Ejecutivo.