En una entrevista concedida a EL TIEMPO, Marcela Boyacá, lideresa de Hufafem (organización que agrupa a familiares y víctimas de feminicidio), hizo un llamado directo al próximo presidente de Colombia para que implemente la Ley de Huérfanos por Feminicidio. La dirigente señaló que la norma, aunque fue aprobada, no se ha aplicado de manera efectiva y permanece en un vacío legal y administrativo.
Según la fuente, Boyacá denunció que la regulación de esta ley entró en un limbo jurídico. Esto significa que, pese a existir el mandato legal, las rutas de atención, los recursos presupuestales y los protocolos institucionales para garantizar los derechos de los menores huérfanos por feminicidio no se han concretado de forma plena.
La Ley de Huérfanos por Feminicidio fue una respuesta del legislador a una problemática persistente en el país: los hijos de mujeres asesinadas por razones de género quedaban en una situación de especial vulnerabilidad. La norma buscaba reparar a estos menores con medidas de protección, acompañamiento psicosocial, acceso a educación y apoyos económicos, además de garantizar la persecución penal efectiva del responsable.
Hufafem reúne precisamente a madres, abuelas, hermanas e hijos de víctimas de feminicidio. La organización ha sido una de las voces más constantes en denunciar la lentitud de los procesos judiciales y la ausencia de políticas públicas enfocadas en los menores que sobreviven a estos crímenes. Por eso la petición directa al próximo gobierno no es menor: plantea que la implementación debe ser una prioridad desde el primer día de la nueva administración.
El llamado se produce en un contexto electoral. El país se prepara para un cambio de gobierno, y distintos sectores sociales han elevado sus propias agendas al próximo Ejecutivo. En ese escenario, la solicitud de Hufafem se suma a una lista de demandas que organizaciones de víctimas y de derechos de las mujeres buscan instalar en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y en las primeras decisiones del nuevo gabinete.
La implementación efectiva de la ley implica al menos tres frentes. El primero es el presupuestal: se requieren partidas específicas para los apoyos económicos a los menores y para los programas de atención psicosocial. El segundo es el institucional: ministerios, alcaldías, gobernaciones, ICBF y la rama judicial deben articular rutas claras de atención. El tercero es el de seguimiento: medir cuántos menores huérfanos han accedido a los beneficios y qué resultados obtienen.
Para los hijos de víctimas de feminicidio, la demora en la implementación tiene efectos concretos. Sin rutas activas, muchos menores quedan bajo cuidado de familiares extensos sin los recursos necesarios, con Trastornos de estrés postraumático sin tratar y con dificultades para acceder a educación y salud. La organización pidió que el próximo presidente no repita la indiferencia que, según Boyacá, marcó la aplicación de la ley hasta ahora.
Hufafem también ha subrayado que la lucha contra el feminicidio no termina con la captura del agresor. La reparación integral a los hijos que la víctima deja debe ser una obligación del Estado. Por eso, el pedido al próximo jefe de Estado incluye tanto la reglamentación pendiente como la asignación de recursos y la creación de una institucionalidad que acompañe a los menores durante su crecimiento.
Queda pendiente conocer la respuesta del próximo presidente y de su equipo a este y otros llamados de las víctimas. La elección marca un punto de inflexión: el nuevo gobierno recibirá una normatividad vigente pero sin aplicación efectiva, y deberá decidir si la Ley de Huérfanos por Feminicidio pasa del papel a la práctica o si se mantiene en el limbo jurídico denunciado por Hufafem.
EL TIEMPO fue el medio que recogió la voz de Marcela Boyacá y de Hufafem. La organización insistió en que la implementación no admite más aplazamientos y que cada día sin aplicación efectiva es un día más de desprotección para cientos de menores en Colombia.