En una entrevista con NTN24, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que le pidió al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que ordene bombardeos contra Calarcá y las estructuras criminales que lidera. La declaración fue hecha de forma directa y reproduce el pedido textual del mandatario regional al próximo jefe de Estado.
Calarcá es un cabecilla históricamente vinculado a estructuras armadas ilegales que han operado en distintas regiones del país. Su nombre ha aparecido de forma recurrente en reportes de inteligencia y en debates sobre seguridad en zonas rurales, donde distintas comunidades han denunciado hostigamientos, extorsiones y restricciones a la movilidad.
La solicitud del gobernador se inscribe en un contexto de presión regional por resultados concretos en materia de seguridad. Antioquia es uno de los departamentos con mayor complejidad en ese frente, con presencia simultánea de grupos armados, economías ilegales y disputas territoriales que afectan a poblaciones civiles.
El pedido llega además en una etapa clave de la transición. El presidente electo Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el mando y, según lo que reportó el propio gobernador en la entrevista, ya se estaría hablando de operaciones de alto impacto contra organizaciones criminales señaladas.
La figura del bombardeo contra cabecillas específicos es una herramienta que el Estado colombiano ha empleado de manera intermitente en las últimas décadas, con resultados operativos debatidos. Cada decisión de ese tipo involucra a la Fuerza Pública, a organismos de inteligencia y a autoridades judiciales, y suele generar reacciones tanto de respaldo como de crítica.
Hasta el momento de la entrevista, el presidente electo no se pronunció de forma pública sobre esta solicitud puntual, según lo reportado por NTN24. El Gobierno saliente tampoco se ha referido al contenido de las declaraciones del gobernador.
Para los ciudadanos, el debate de fondo es qué tan efectiva resulta esa estrategia y qué garantías ofrece a las comunidades que viven en las zonas de influencia de esas estructuras. Organizaciones de derechos humanos han planteado cuestionamientos recurrentes sobre los riesgos de operaciones aéreas en áreas con presencia civil.
En lo inmediato, la expectativa es conocer la respuesta del presidente electo y si el eventual nuevo Gobierno adopta ese tipo de operativos como línea de trabajo en su política de seguridad. Las Fuerzas Militares, por su parte, mantendrían sus protocolos de planificación para cualquier acción contra objetivos de alto valor.
La entrevista con NTN24 deja sobre la mesa un pedido regional explícito, dirigido a quien será el próximo comandante de las Fuerzas Armadas. El curso que tome esa solicitud dependerá de las decisiones que asuma el nuevo Gobierno en materia de seguridad y orden público.