La Ley de Competencias se convirtió en uno de los retos legislativos más sensibles del gobierno de Abelardo de la Espriella. Según La Silla Vacía, el Ejecutivo tiene plazo hasta finales de 2026 para sacar adelante esta norma, considerada pieza clave del proceso de descentralización que el país arrastra desde hace décadas.
El reportaje de La Silla Vacía resume el dilema central: hacer una transferencia ordenada de plata a las regiones implica perder el gasto más rentable políticamente. Esa tensión entre el interés fiscal de los mandatarios locales y la lógica electoral del nivel central es, según la publicación, lo que ha frenado históricamente la aprobación de la ley.
El articulado lleva años en debate en el Congreso. La propuesta busca clarificar qué competencias son exclusivas del Gobierno nacional, cuáles corresponden a los territorios y cuáles deben gestionarse de forma concurrente, con sus respectivos esquemas de financiación. Sin ese reparto claro, las regiones dependen de giros discrecionales del nivel central, lo que limita su capacidad de planeación.
La Silla Vacía subraya que aprobar la ley obligaría al gobierno a entregar parte de los recursos hoy manejados desde Bogotá, una cesión con costo político inmediato. En un año preelectoral, como es 2026, la decisión resulta especialmente delicada para la Casa de Nariño, acostumbrada a concentrar la ejecución de los principales programas sociales y de inversión pública.
Para los ciudadanos, el desenlace importa más allá del debate entre Ejecutivos. Una descentralización bien delimitada puede traducirse en servicios públicos más cercanos, obras locales financiadas con impuestos locales y menor dependencia de decisiones tomadas a cientos de kilómetros. Una descentralización mal diseñada, en cambio, puede profundizar las brechas entre regiones ricas y regiones pobres.
El gobierno no ha hecho pública, hasta ahora, la estrategia con la que piensa construir mayorías en el Congreso para sacar la ley. Sectores territoriales han pedido en escenarios anteriores un cronograma claro de transferencias, mientras que en el Congreso pesan tanto las bancadas de las regiones más pobladas como las que defienden la caja única del Estado.
La Silla Vacía no reporta reacciones oficiales del gobierno sobre el contenido del reportaje. Lo que está en juego es el cumplimiento del plazo de 2026. Si el Congreso no aprueba la ley antes de esa fecha, el proceso de descentralización quedará nuevamente en pausa, con las regiones esperando reglas claras y recursos ciertos para planificar su desarrollo.
Quedan pendientes varias decisiones políticas de alto voltaje: definir el cronograma de transferencias a los territorios, acordar las competencias que se descentralizarán y blindar el esquema de fuentes de financiamiento. El reloj corre y el margen para postergar el debate se reduce con cada mes que pasa sin acuerdo en el Legislativo.