El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley de sometimiento dirigido a organizaciones armadas ilegales que operan en el país. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien señaló que la iniciativa será presentada en los próximos días, según reportó KienyKe.
Cancino fue enfático en dos puntos del proyecto: la ley no reconocerá estatus político a los grupos ilegales y no abrirá espacios de negociación con esas estructuras. Con esa aclaración, el funcionario buscó delimitar el alcance del mecanismo frente a las expectativas que han surgido en distintos sectores.
El concepto de sometimiento a la justicia ha hecho parte de la historia reciente de Colombia como una vía para que integrantes de grupos armados ilegales entreguen armas, se acojan a la justicia ordinaria y reciban beneficios penales por su colaboración. A diferencia de una mesa de diálogo, el sometimiento parte de la rendición individual ante las autoridades competentes.
La decisión de no otorgar reconocimiento político marca una diferencia con los procesos de paz que el país adelantó en décadas anteriores con grupos como las FARC y el M-19. Esos procesos incluyeron el reconocimiento del carácter político del adversario, un componente que esta iniciativa descarta desde su diseño.
El proyecto llega en un momento en el que distintas organizaciones armadas mantienen presencia en regiones afectadas por el conflicto armado interno. Para las comunidades que habitan esas zonas, los anuncios legislativos suelen traducirse en expectativas sobre seguridad, presencia estatal y reparación a las víctimas.
La cartera de Justicia no ha detallado todavía el articulado completo del proyecto. Entre los aspectos que deberán quedar claros están los beneficios para quienes se sometan, los delitos cobijados, los mecanismos de verificación y el papel de las víctimas dentro del proceso.
Cancino también deberá precisar cómo se articulará esta ley con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con los mecanismos ordinarios de justicia y justicia transicional vigentes. La coexistencia de distintos marcos legales ha sido una de las dificultades recurrentes en la aplicación de las normas sobre el conflicto.
El Congreso de la República será el escenario donde se discuta la iniciativa una vez sea radicada. Sectores políticos, organizaciones de víctimas, la academia y la sociedad civil seguirán de cerca el texto para evaluar su coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.