El ministro de Justicia, Óscar Cancino, presentó los lineamientos del proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno radicará ante el Congreso. La propuesta está dirigida a las estructuras criminales organizadas que manifiesten su voluntad de entregarse a la justicia y de cesar las actividades ilícitas, según reportó CAMBIO Colombia.
De acuerdo con el anuncio, los integrantes de esos grupos podrán acceder arebajas de pena de hasta el 50%, siempre que cumplan con condiciones de acceso que la misma ley establecerá. El ministro no detalló públicamente cada uno de los requisitos, pero indicó que el articulado contempla filtros para impedir que los beneficios lleguen a cabecillas que no entreguen información verificable sobre sus organizaciones.
La iniciativa surge en un contexto de debate nacional sobre cómo articular la política de paz total con el aparato judicial colombiano. El país carece hasta ahora de un marco legal específico para el sometimiento de estructuras criminales que no tienen carácter político-militar, vacías que laJurisdicción Especial para la Paz (JEP) cubre solo parcialmente y que la justicia ordinaria no resuelve con herramientas proporcionales.
El proyecto también apunta a resolver uno de los puntos sensibles de la ley: la definición de qué organizaciones pueden acogerse. Para el Gobierno, el reto es distinguir entre grupos armados con motivación política y bandas multicrimen dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esa separación ha sido, según analistas, laprincipal traba de intentos legislativos anteriores.
Para los ciudadanos, el eventual impacto se mide en dos frentes. Por un lado, en la capacidad del Estado de procesar judicialmente a miles de integrantes de estructuras que hoy delinquen sin que sus casos lleguen a condena. Por el otro, en la percepción de seguridad en regiones donde esos grupos controlan territorios, rutas y economías ilegales.
Desde el sector judicial, voces consultadas por distintos medios han pedido que el texto incluya criterios objetivos sobre verdad, reparación a las víctimas y colaboración efectiva. También han solicitado que se fijen topes claros a los beneficios, para evitar que el sometimiento se convierta en un mecanismo deimpunidad, según advirtió CAMBIO Colombia.
El siguiente paso es la radicación formal del proyecto en el Congreso. Allí deberá surtir debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, y luego en las plenarias. Cancino señaló que la intención del Ejecutivo es abrir la discusión cuanto antes y que el texto estará disponible para los legisladores en las próximas semanas.
Quedan pendientes varios puntos por definir: el listado de delitos excluidos del beneficio, el rol de la Fiscalía en la verificación de la información entregada por los comparecientes y el destino de los bienes ilícitos que se sometan a la justicia. El articulado final será el que determine si la ley logra el equilibrio entre los fines de justicia transicional y las exigencias ciudadanas de castigo a los responsables de hechos violentos.