El Gobierno nacional confirmó que el próximo 20 de julio radicará en el Congreso el proyecto de ley orientado a prohibir el fracking en Colombia, según informó Pluralidad Z. La fecha coincide con la celebración del Día de la Independencia, jornada en la que tradicionalmente se presentan ante el Legislativo iniciativas emblemáticas del Ejecutivo.
La técnica de fracturamiento hidráulico, conocida como fracking, ha sido objeto de debate en Colombia durante la última década por sus efectos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua subterránea y las comunidades cercanas a los bloques de exploración. Hasta ahora la actividad se ha desarrollado bajo una regulación específica y con proyectos piloto autorizados por autoridades ambientales.
El anuncio se produjo en un contexto en el que el presidente Abelardo de la Espriella ha señalado la transición energética como uno de los ejes de su administración. La prohibición del fracking se suma a otras decisiones recientes que, según el Gobierno, buscan reorientar la matriz productiva hacia fuentes de menor emisión.
De manera paralela, el Ejecutivo destacó la puesta en marcha de nuevos proyectos solares que, según la fuente, beneficiarán a más de 4.300 personas. Las iniciativas hacen parte de la estrategia de diversificación de la canasta energética que el Gobierno viene promoviendo en distintas regiones del país.
La conexión entre el freno al fracking y el impulso a las energías renovables forma parte del argumento oficial: las zonas donde se adelantaban proyectos de no convencionales tendrían una reconversión hacia la generación limpia. Sectores consultados por medios especializados han advertido que esa transición requiere inversiones, tiempos de maduración y acuerdos con las comunidades.
En el Congreso, el trámite del proyecto empezará con el estudio en comisiones económicas y de ambiente. Los ponentes deberán escuchar a gremios, expertos, autoridades ambientales y representantes de los territorios donde se realizaron pruebas piloto antes de llevar la iniciativa a primer debate en plenaria.
Organizaciones ambientales han celebrado el anuncio como un paso necesario para proteger los recursos hídricos y atender compromisos climáticos asumidos por el país. Por su parte, voces del sector petrolero han expresado preocupación por el impacto fiscal de la medida y por la incertidumbre que genera entre los operadores que ya invirtieron en contratos vigentes.
A la espera de conocer el texto definitivo del proyecto, la ciudadanía podrá seguir el trámite en la página del Congreso de la República. La pelota está ahora en el Legislativo, donde se definirá si la prohibición avanza como fue radicada o si se introducen modificaciones durante el debate.