Un grupo de académicos, empresarios y líderes sociales del Caribe colombiano suscribió una comunicación pública dirigida al presidente electo Abelardo De La Espriella. Según el diario El Pilón, el texto plantea la inclusión de un capítulo regional vinculante dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de atender de manera específica las brechas de pobreza y desigualdad que persisten en esa zona del país.
La propuesta busca que el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento mediante el cual el gobierno nacional formula sus metas cuatrienales, incorpore compromisos presupuestales y metas verificables para los territorios periféricos. Quienes firman la comunicación argumentan que durante décadas las regiones Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía han concentrado indicadores sociales por debajo del promedio nacional, pese a su peso en la producción económica y demográfica del país.
El grupo firmante reúne voces del sector académico, del tejido empresarial y de organizaciones sociales del Caribe, lo que le otorga un carácter multipartita. En otras coyunturas similares, cuando líderes regionales entregan documentos de este tipo a presidentes electos, el propósito suele ser instalar prioridades territoriales en la agenda legislativa y presupuestal del gobierno que arranca, particularmente en momentos en que el Congreso de la República debate el articulado del Plan.
La idea de un capítulo regional vinculante no es nueva en el debate público colombiano. Planes anteriores han incluido apartados territoriales o estrategias como los Planes de Desarrollo Territoriales articulados por regiones, aunque su grado de obligatoriedad ha variado. Los firmantes piden que esta vez el componente regional tenga carácter vinculante, es decir, que su ejecución y financiación queden sujetas a metas y plazos verificables ante los organismos de control y el Congreso.
Las regiones periféricas colombianas registran de manera sistemática mayores tasas de pobreza monetaria, analfabetismo, mortalidad infantil y déficit de vivienda, junto con menor cobertura de servicios públicos. Diferentes mediciones oficiales, como las del DANE y el Departamento Nacional de Planeación, han documentado esa brecha en pasadas administraciones. La comunicación entregada a De La Espriella se inscribe en esa línea de reclamo por políticas diferenciadas según el nivel de desarrollo de cada subregión.
Desde el punto de vista institucional, el Plan Nacional de Desarrollo se construye durante el primer año de cada gobierno y luego se tramita en el Congreso. Si el gobierno entrante decide recoger la propuesta, el capítulo regional podría plasmarse en el texto radicado ante el Legislativo, abriendo espacio a debates sobre financiación, competencias de los entes territoriales y coordinación con las gobernaciones y alcaldías.
Los promotores de la iniciativa sostienen que el capítulo regional serviría para canalizar inversión en sectores como agua potable, salud pública, educación superior, conectividad vial y transición energética en la periferia. También argumentan que daría mayor certeza a los mandatarios locales y a los inversionistas privados sobre las prioridades del gobierno nacional en cada zona del país.
Por ahora, la comunicación constituye un insumo político y técnico para el equipo de empalme y formulación del próximo gobierno. Queda por verse si el presidente electo Abelardo De La Espriella incorpora formalmente la propuesta en la estructura del Plan Nacional de Desarrollo y de qué manera el Congreso tramita ese capítulo en el debate legislativo que se avecina.
La entrega del documento ocurre en un momento en que distintas regiones del país preparan sus propios ejercicios de incidencia frente al nuevo gobierno, en medio de expectativas por la transición energética, la reforma agraria y la seguridad en zonas rurales. La reacción del equipo entrante y la composición final del Plan Nacional de Desarrollo serán los termómetros para medir el peso político de este tipo de agendas territoriales.