La senadora del Centro Democrático María Clara Posada elevó ante el Gobierno nacional una solicitud para revisar el decreto que reglamenta el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública durante las manifestaciones públicas, según Blu Radio. La legisladora planteó que los mandatarios locales deberían tener la facultad de impedir protestas en zonas de circulación clave de las ciudades.
La petición se inscribe en el debate que ha rodeado la aplicación del decreto, el cual fue expedido como marco de actuación para la Policía y las Fuerzas Militares durante marchas, bloqueos y demás ejercicios de protesta. Críticos y defensores del instrumento han discutido si sus límites garantizan tanto la protección de los derechos de los manifestantes como la de los ciudadanos afectados por los cierres.
Posada concentra su propuesta en el impacto que las protestas generan sobre la movilidad urbana. La congestión derivada de bloqueos y concentraciones en corredores estratégicos puede afectar el acceso a hospitales, el transporte público y la actividad económica de los centros urbanos, un argumento que ha sido planteado por voces de distintos sectores políticos en los últimos años.
Desde el Congreso, la bancada del Centro Democrático ha mantenido una postura de defensa de la Fuerza Pública y de cuestionamiento a los bloqueos que interrumpen el orden público. La solicitud de la senadora busca trasladar parte del manejo de las manifestaciones a los alcaldes y gobernadores, figuras con competencia directa sobre el orden y la convivencia en sus territorios.
La petición también reabrió la discusión sobre los derechos fundamentales en juego. La protesta pacífica está protegida por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, mientras que las autoridades tienen el deber de garantizar tanto ese derecho como el de la población que no participa en las marchas y que puede verse afectada por cierres o desmanes.
El Gobierno nacional todavía no se ha pronunciado de manera oficial sobre la solicitud, según el reporte de Blu Radio. La decisión sobre si se modifica el decreto, se expide una nueva reglamentación o se mantiene el texto actual depende del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, entidades a cargo de la política de orden público y de la doctrina militar y policial, respectivamente.
De prosperar la propuesta, las alcaldías podrían emitir restricciones anticipadas sobre puntos neurálgicos como vías principales, accesos a centros médicos o zonas industriales. Esa facultad tendría que articularse con las garantías para la movilización pacífica y con los protocolos de intervención de la fuerza pública ya contemplados en la normatividad vigente.
Para la ciudadanía, el debate toca un punto sensible: cómo se concilian el derecho a protestar, la movilidad diaria y la seguridad en las ciudades. La revisión del decreto, de concretarse, abriría una nueva etapa de discusión en el Congreso y en las altas cortes, atentos a la compatibilidad de las restricciones locales con la protección constitucional de la protesta.