El Ministerio de la Igualdad, creado durante el gobierno de Gustavo Petro como una de las cartas fuertes de su proyecto social, entró en un proceso formal de liquidación. El hecho marca el cierre de una entidad que prometió atender poblaciones históricamente marginadas como mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y sectores rurales.
Según Pulzo, en apenas tres semanas desde el inicio del proceso se habrían recuperado alrededor de 80.000 millones de pesos. El dinero estaba disperso en cuentas y convenios del ministerio y ahora comienza a reintegrarse al presupuesto nacional.
El liquidador designado debe responder por los activos, los contratos en ejecución, los convenios con organizaciones territoriales y la planta de personal. Entre las tareas pendientes está cerrar los acuerdos con operadores locales, pagar las obligaciones laborales y resolver los litigios que dejó la entidad.
La ley que ordenó la supresión del ministerio transfirió sus funciones a otras entidades del Estado. Programas que atendían a víctimas del conflicto, a comunidades negras e indígenas y a lideresas sociales quedaron a cargo de ministerios como el del Interior y de Hacienda, lo que abrió dudas sobre la continuidad de esas políticas.
Para los ciudadanos, el punto central es qué pasa con los programas sociales en curso. Varias convocatorias quedaron suspendidas mientras avanza la liquidación, y los beneficiarios esperan que los recursos lleguen a las regiones a través de los nuevos responsables.
El Gobierno nacional ha dicho que los fondos recuperados se destinarán a la reparación de víctimas y a zonas prioritarias. Esa promesa será clave para evaluar el cierre de la entidad, porque la opinión pública y los organismos de control seguirán de cerca el destino de cada peso recuperado.
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía mantienen abiertas investigaciones sobre la gestión del ministerio en sus años de funcionamiento. El proceso de liquidación se convierte entonces en una oportunidad para revisar contratos, convenios y decisiones administrativas que quedaron bajo la lupa.
El cierre definitivo del Ministerio de la Igualdad deja una pregunta abierta sobre cómo atenderá el Estado a las poblaciones más vulnerables sin una cartera especializada. La reorganización institucional iniciada por el actual gobierno redefine prioridades en una Colombia que sigue enfrentando deudas históricas en equidad.