John Milton Rodríguez asumió oficialmente la responsabilidad de liquidar el Ministerio de la Igualdad, entidad que el Gobierno nacional decidió suprimir como parte del ajuste de su estructura administrativa. Con su posesión arranca de manera formal el proceso de cierre de una cartera que tuvo una vida institucional corta.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas sociales del gobierno anterior, con el objetivo de centralizar políticas dirigidas a poblaciones históricamente marginadas, entre ellas mujeres, comunidades afrodescendientes, indígenas y personas con discapacidad. La cartera contó con varias viceministerios y manejó recursos destinados a programas de equidad en distintas regiones del país.
La decisión de liquidarlo fue adoptada por el actual Ejecutivo, que consideró que las funciones de la entidad podían ser reasignadas a otras dependencias del Estado, con el fin de reducir el gasto público y simplificar el aparato estatal. Esa determinación abrió la necesidad de nombrar a un liquidador encargado de cerrar las cuentas, los contratos y los compromisos pendientes.
Al posesionarse, Rodríguez anunció las primeras medidas orientadas a blindar los recursos públicos que aún permanecen bajo la administración de la entidad. El propósito explícito es evitar que los bienes, los contratos y los dineros del Ministerio se dispersen o queden sin responsable durante el proceso de cierre.
Entre las acciones iniciales se contempla la revisión detallada de los contratos vigentes, la verificación del inventario de bienes y el seguimiento a los convenios firmados con territorios y organizaciones. También se prevén mecanismos para garantizar la continuidad de los programas que estaban en ejecución y que benefician a comunidades específicas.
El proceso de liquidación implica varias etapas: primero se elabora un inventario patrimonial, luego se atienden las obligaciones laborales con los funcionarios, se concilian cuentas con proveedores y contratistas, y finalmente se trasladan las funciones remanentes a otras entidades. Cada paso tiene plazos definidos por la ley y debe ser reportado a los organismos de control.
La supresión del Ministerio generó reacciones divididas. Sectores que lo consideraban una herramienta clave para cerrar brechas de desigualdad pidieron mantenerlo activo. Otros actores políticos respaldaron la liquidación, al argumentar que sus funciones podían ser asumidas por entidades ya existentes sin necesidad de una cartera adicional.
Para la ciudadanía, el punto central es qué pasará con los programas sociales en marcha y con los recursos ya asignados. El liquidador señaló que su gestión buscará que esos procesos no se interrumpan y que los compromisos adquiridos con las comunidades se honren dentro del marco de la liquidación.
El resultado del proceso se conocerá en los próximos meses, cuando se entreguen los informes finales y se determine el destino de los bienes, los contratos y los programas que aún dependen del Ministerio de la Igualdad. Hasta entonces, Rodríguez queda al frente de una de las liquidaciones más observadas por su significado político y social.