El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, confirmó la decisión de suprimir la estructura viceministerial de la entidad como parte del proceso de liquidación. La medida marca un giro en la vida administrativa de un ministerio creado en 2023 durante el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.
Rodríguez también anunció que se abrirá una auditoría con el objetivo de recuperar alrededor de 200.000 millones de pesos. Según el liquidador, esos recursos habrían sido comprometidos durante la gestión anterior y requieren un rastreo detallado para establecer su destino final.
Además de la auditoría, el liquidador señaló que se radicarán denuncias ante los órganos de control por un posible detrimento patrimonial. El anuncio abre la puerta a investigaciones formales por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría, entidades competentes para examinar el uso de recursos públicos.
El Ministerio de la Igualdad fue creado como una de las apuestas centrales del Gobierno Petro para atender a poblaciones históricamente vulnerables, entre ellas mujeres, comunidades étnicas y sectores rurales. La entidad operó con una estructura que incluía viceministerios y direcciones técnicas durante su funcionamiento.
El proceso de liquidación implica la finalización gradual de contratos, la cancelación de nombramientos y la transferencia de funciones a otras entidades del Estado. La supresión del viceministerio representa el primer paso formal en ese desmonte institucional.
La decisión ocurre en el contexto de la transición hacia el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que asumió la tarea de reorganizar el Estado. Para la ciudadanía, el desenlace del proceso es relevante porque define el futuro de los programas sociales que dependían de esta cartera.
Entre los puntos pendientes está la entrega de un informe detallado sobre el uso de los recursos durante la vigencia del ministerio. También se espera que los órganos de control definan si abren investigaciones disciplinarias o fiscales como consecuencia de las denuncias anunciadas.
Por ahora, el liquidador no entregó plazos concretos para la culminación del proceso. La auditoría y las denuncias presentadas ante los organismos de control serán las que determinen el tiempo que tome cerrar la liquidación.